Argentina pierde capacidad de producción automotriz con patronales que se suman a la importación, cerrando fuentes de empleo

La impactante llegada de 5 mil autos híbridos y eléctricos de lo que es la primera parte de próximos envíos de la compañía BYD Changzhaou de capitales chinos es una muestra efectiva de la actual política de nuestro país de apertura extendida a la llegada de todo tipo de productos de origen foráneo. El espectáculo que significó el arribo de miles de coches blancos descendiendo de un buque diseñado especialmente para realizar este tipo de traslados, con su conducción y estacionamiento prolijamente dispuesto en la plataforma portuaria, brindó una imagen de ficción similar a lo que en otros tiempos era prioridad de películas hollywoodenses, hoy también capaz de producir la filmografía oriental. 

Sin embargo, en este caso se trató de un hecho real, que exhibió las consecuencias de las medidas arancelarias instrumentadas por nuestro país, en este caso desde el sector automotor, usufructuando el RIGI, que aprobó el Congreso de la Nación, y que a decir de la administración libertaria en boca del Ministro Caputo, son volúmenes porcentuales acordados con las empresas que operan localmente, algo que, sin embargo, parece no dimensionar, que esta acción también implica un escenario comercial, que significa la pérdida de puestos de empleo y las posibilidades de ingresos salariales de los trabajadores, que mayoritariamente nuclea el gremio SMATA, liderado por el tándem Pignanelli-Manrique.

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Efectivamente, General Motors dio a conocer en estos días que seguirá con la política empresarial de «paradas periódicas» en su planta de Alvear, ubicada en la provincia santafesina, metodología ya utilizada durante el año pasado, lo que implica reducción salarial y disminución de personal, con horarios rotativos y días de descanso, debido a la baja producción.

Un resultado más de la postura de las patronales que operan en el país, donde, al mismo tiempo que concentran el mercado produciendo cada vez en menor volumen, paralelamente negocian ser ellas mismas, a través de firmas que funcionan de importadoras, la adquisición de bienes desde el exterior, garantizando los balances de rentabilidades, con la posibilidad de financiar despidos y cierres de lugares de producción.

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Una fórmula que la política económica actual dibuja con menos producción nacional, caída del poder adquisitivo, cierre de empresas y producción argentina, aumento del desempleo y la precarización laboral. Un cuadro de situación que, según aspira el gobierno central, terminará de abrocharse con la flexibilización que intentarán aprobar durante el mes de febrero desde el Parlamento, sumado a la persecución de la protesta con el debilitamiento de las herramientas gremiales para ejercer el poder de representación sindical.