El llamado trabajo del futuro «ya llegó», acrecentando su arribo luego de la pandemia COVID-19, que obligó a la permanencia en los hogares, utilizando la tecnología para los vínculos interpersonales y productivos-laborales. Así llegamos a la discusión, entre otras cuestiones del mundo laboral, que hasta aquí, en lo que hace puntualmente a nuestro país, más allá que desde hace largo tiempo es necesario reformular convenios y discutir nuevas normativas, con adaptaciones de los vínculos de relación de dependencia y los sistemas de producción, servicios y tareas comerciales; hoy prioritariamente se percibe como usufructuando el contexto para generar mayores desigualdades y pérdidas de derechos, lo que podría hacer crecer las poblaciones marginales y los sistemas de explotación.
De hecho, la crítica, no sólo en nuestro país, es que en muchos casos se podrían establecer relaciones de intercambio que, lejos de estimular nuevas formas de beneficios para la generación de empleo, más bien se impongan regímenes de otros siglos más cercanos a la esclavitud que a brindar posibilidades de formación a través de oficios y profesiones que incluyan el incentivo de ascendencia social.
El dato del crecimiento de los «super ricos», en el volumen de sus capitales y las diferencias con las amplias mayorías, se percibe cada vez con más intensidad. Independientemente de la discusión de lo justo o injusto, como un hecho que profundiza exponencialmente, superando límites y récords.
Asimismo, un porcentaje de estos multimillonarios impulsa la idea de establecer un acceso mínimo de pago mensual social, como otra herramienta de derrame hacia quienes menos tienen, para así poder contener a quienes se quedan fuera de toda posibilidad de generar al menos lo que consumen.
Paralelamente, circulan rumores de que estos grupos de «elegidos», no superiores al 1% de la población mundial, algo así como 8 millones de personas en todo el planeta, también están en plan de construir confortables y muy abastecidos búnkeres subterráneos, preparados en caso de que «todo salga mal», como una suerte de plan «B», previendo que las revueltas humanas en busca de comida y un poco de agua no contaminada prime a la hora de los comportamientos para la supervivencia.
Ya que en verdad la apuesta a que otro planeta sea habitable —Marte siempre es mencionado como principal objetivo, incluso de manera explícita por el presidente Trump al tomar posesión de su segundo y recargado mandato, con la manifiesta algarabía de Elon Musk—, aún no termina de aportar certezas como destino alternativo.
Paralelamente, las inversiones de estos sectores acaudalados en posibilidades de apuestas de todo tipo, en el campo de la salud, van por fórmulas que garanticen la extensión de sus existencias terráqueas. Se sabe que no son muchas las personas que prefieren morir sin más remedio, y menos aún entre aquellos que tienen a mano todas las posibilidades de hacer de su andar cotidiano una existencia con todas las necesidades materiales satisfechas.
En este sentido, también circula información de que el tiempo de vida puede extenderse en varias décadas en los próximos años, llevando el promedio de vida a más de 90 y hasta 100 años. Claro que, otra vez, el acceso a estos planes medicinales y de atención de profesionales en espacios especiales y con terapias específicas solo sería factible para un porcentaje ínfimo de los mortales.
El desafío de las dirigencias que representan a los sectores de menos recursos, que hoy incluyen también en altos porcentajes a gente con trabajo, implica marcar un punto de inflexión en esta tendencia, donde la así llamada justicia social o igualdad de oportunidades intenta ser ubicada como fuera de agenda, a fin de definir las fronteras entre ciudadanos de primera, de segunda, de tercera y hasta de «cuarta» categoría.
