La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo un escrito de 25 páginas en el que solicita la nulidad absoluta del fallo del 23 de abril que suspendió la medida cautelar contra la reforma laboral. También recusó a los dos integrantes de la Sala VIII que lo firmaron, sosteniendo que la Sala VIII carecía de competencia para intervenir en la causa, que correspondía a la Sala I, y denunciando que el camarista Víctor Arturo Pesino actuó con parcialidad manifiesta, dado que al día siguiente de firmar el fallo el Gobierno publicó en el Boletín Oficial la extensión de su mandato por cinco años, pese a haber superado los 75 años de edad que fijan el límite para el cargo.
La central obrera no dejó pasar la coincidencia y, por boca del cotitular cegetista Cristian Jerónimo, denunció: El grado de obscenidad con que hicieron las cosas indigna y molesta; están jugando con la vida de los trabajadores. La participación de Pesino en la causa, sostiene el escrito presentado por el abogado Pablo Topet, «está viciada por haber recibido un beneficio de importancia por parte del Estado nacional» y constituye «no solo una conducta contraria a la ética, también una causa objetiva de apartamiento». El pedido apunta a que sea la Sala I la que resuelva la nulidad, precisamente porque la Sala VIII, al haber fallado, ya emitió opinión y evidenció parcialidad hacia el Estado.
En materia procesal, la CGT argumenta que si la Sala VIII hubiera respetado los pasos correspondientes, la central obrera habría podido advertir oportunamente que ese tribunal carecía de competencia. Al no habérsele dado ese tiempo, la resolución quedó viciada de origen. El escrito señala además que los fundamentos con que los camaristas sostuvieron su postura evidencian una «orfandad de fundamentos» jurídicos y que los magistrados «deben apartarse de una causa que tomaron para sí sin competencia». Entre los puntos cuestionados de fondo figura también la cesión de jurisdicción a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires en detrimento del fuero Nacional del Trabajo, uno de los aspectos que la propia reforma laboral introduce.
Con estos argumentos, la CGT pide la reposición de la cautelar que había suspendido 83 artículos de la Ley 27.802 y convocó para el jueves 30 de abril a una movilización a Plaza de Mayo, en la previa del Día del Trabajador, en una invitación abierta a sindicatos y a otros sectores de la sociedad. Jerónimo anticipó que la conflictividad «va a seguir escalando» y no descartó la posibilidad de un nuevo paro general si el deterioro de las condiciones de vida continúa. La CGT también anunció que en los próximos quince a treinta días publicará, junto con la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y la UATRE, sus propios índices de inflación, pobreza y estadística laboral, como contrapeso a los datos oficiales que Jerónimo calificó de «falacia».
La batalla judicial está lejos de cerrarse. El Gobierno también tiene pendiente un recurso extraordinario por per saltum ante la Corte Suprema (que puede aceptarlo, rechazarlo o simplemente no expedirse en ningún plazo determinado). Mientras tanto, la reforma laboral rige plenamente y sus efectos sobre indemnizaciones, jornada, tercerización y representación sindical se aplican sobre las relaciones de trabajo concretas. En este sentido, Jerónimo concluyó: Esto no se termina con la marcha del 30 de abril. Es una carrera de resistencia y sabemos que va a ser larga.»
