El Gobierno nacional profundizó su política de achicamiento del Estado con una nueva ofensiva de despidos y retiros voluntarios que golpea de lleno a organismos científicos y técnicos clave. El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, apunta a una reducción de hasta 27 mil trabajadores de la plantilla estatal. Como primeros pasos, le ordenó al presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Miguel Romero, que proceda a la desvinculación de 1.400 trabajadores sobre una planta total de 2.300 empleados. En el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) se abrió una nueva tanda para retiros voluntarios.
La magnitud del recorte en el INTI supera claramente la cifra de 700 trabajadores que había circulado en estos días y equivale a más del 60% del organismo, lo que generó una crisis interna que ya se cobró las primeras renuncias de funcionarios propios. El propio Romero —un hombre de la confianza del ministro de Economía, Luis Caputo— tomó distancia de la orden y advirtió que los despidos no se concretarán bajo su gestión: ni él ni ninguno de sus funcionarios los firmarán. La situación dejó al descubierto una puja entre Caputo y Sturzenegger por el alcance y la velocidad del desguace estatal.
Mientras tanto, trabajadores y delegados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) llevaron adelante jornadas de protesta en la sede del organismo del Parque Tecnológico Migueletes, en San Martín, y advirtieron que desde el inicio de la gestión libertaria ya se desvincularon 850 profesionales del INTI por renuncias, retiros o contratos no renovados.
El ajuste en el INTI no se limita al personal. Sturzenegger también eliminó más de 1.000 servicios técnicos que el organismo le prestaba a la industria y al Estado, entre ellos el control de calidad de envases plásticos para alimentos, la certificación de caños para redes de gas, el análisis de materiales eléctricos y la composición de alimentos y bebidas. Referentes gremiales señalaron que esas funciones, lejos de desaparecer, quedarán en manos privadas, sin el garante imparcial que hasta ahora representaba el Estado. Las consecuencias sobre la seguridad cotidiana —incendios por cables defectuosos, accidentes por autopartes sin certificar y muchos otros— son riesgos concretos que los trabajadores ya pusieron sobre la mesa.
El INTA atraviesa una situación similar. Esta semana se oficializó el período de presentación para el retiro voluntario en el organismo, con el objetivo declarado de reducir un 25% de su planta. Según trascendió, unos 1.500 empleados —investigadores, técnicos, administrativos y profesionales— podrían quedar comprendidos en el esquema. A esto se sumó la aprobación del cierre de 14 agencias de extensión en Buenos Aires y Córdoba, un golpe directo a la presencia territorial del organismo en las principales zonas productivas del país.
El escenario se completa con los despidos confirmados en el Servicio Meteorológico Nacional, donde 140 trabajadores recibirán sus desvinculaciones, y con los planes en curso para ANSES, Conicet y ENACOM. En total, el Gobierno apunta a desafectar a alrededor de 27.000 trabajadores públicos en los próximos meses. Los gremios advierten que detrás de la retórica de la eficiencia se esconde el desmantelamiento de capacidades estatales que llevaron décadas construir y que, una vez perdidas, no se recuperan con facilidad.
