El Gobierno nacional de Javier Milei remitió al Congreso un proyecto de ley para reformar la Ley de Salud Mental N°26.657, sancionada en 2010, junto con una iniciativa para combatir presuntos fraudes en la entrega de pensiones por invalidez. La propuesta, impulsada desde el Ministerio de Salud que conduce el cuestionado Mario Lugones, apuntaría a «actualizar el marco normativo» y «mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario». Sin embargo, especialistas, gremios y organizaciones civiles coincidieron en que el proyecto no ataca los problemas estructurales del sector y podría implicar retrocesos significativos en el enfoque de derechos humanos que caracteriza a la normativa vigente. Como en el caso del PAMI o la eliminación del Programa Remediar, la lógica de fondo sigue siendo la de avanzar con un peligroso ajuste en salud.
En cuanto a las pensiones no contributivas por invalidez, Salud afirma que entre 2003 y 2023 estos beneficios pasaron de 76.000 a aproximadamente 1.200.000, lo que generó «una inevitable sospecha sobre las condiciones en que dichos beneficios fueron otorgados». En este sentido, afirmaron que investigaciones y auditorías detectaron “una gran cantidad de pensiones otorgadas sin cumplir con los requisitos legales”. En este sentido, el proyecto propone crear herramientas específicas para “prevenir, detectar y sancionar el fraude, resguardando simultáneamente los derechos y garantías de los beneficiarios legítimos” y dispone “el pago de una prestación mensual equivalente al setenta por ciento (70 %) del haber mínimo jubilatorio”. Tras el escándalo de corrupción en la ANDis y las polémicas que rodearon los intentos de auditoría (respecto de los que el entonces vocero presidencial Manuel Adorni difundió a sabiendas datos falsos), aquí también no parece haber otro objetivo de fondo que profundizar el ajuste en salud, apuntando sin escrúpulos a un sector tan sensible como la discapacidad.
En lo que hace al proyecto de salud mental, uno de los cambios más controvertidos involucra los criterios para las internaciones involuntarias. El proyecto reemplaza el concepto de «riesgo cierto e inminente para sí o para terceros» por el de «situación de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física», e incorpora la posibilidad de que un médico psiquiatra indique una internación involuntaria de manera inmediata en situaciones de urgencia, decisión que deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario dentro de las 24 horas. También se propone ampliar de 10 a 24 horas el plazo para notificar a la Justicia. El Gobierno sostuvo que estos cambios buscan evitar «situaciones de duda o inacción» por parte de los profesionales, pero los especialistas advirtieron que la modificación podría reducir la capacidad de actuar de forma preventiva y de ampliar al máximo las internaciones.
Para los profesionales del sector, la reforma instala un «falso dilema». Luciano Grasso, psicólogo y exdirector nacional de Salud Mental, sostuvo que «la internación involuntaria ya está permitida por la ley vigente, bajo procedimientos claros» y que el problema real es «la inercia de la no decisión política y la falta sistemática de inversión». Alberto Trímboli, presidente honorario de la Asociación Argentina de Salud Mental, advirtió que anunciar que «la internación involuntaria no será impedida cuando sea necesaria» no introduce ninguna novedad: «Cabe preguntarse si se desconoce la ley, no se la comprende o se intenta instalar una idea errónea», señaló.
Otra de las críticas centrales apunta al riesgo de un retorno al modelo manicomial. El proyecto habilita la creación de nuevos establecimientos especializados e incluye a las instituciones psiquiátricas entre los espacios donde pueden realizarse internaciones, lo que los especialistas interpretan como un retroceso respecto de la política de desinstitucionalización que promueve la ley actual. «Llamar a estas ‘instituciones monovalentes con dispositivos comunitarios’ es un eufemismo peligroso», señaló Grasso. Trímboli calificó de «arbitraria, impracticable y conceptualmente errónea» la distinción entre casos «graves» —que irían a instituciones monovalentes— y casos «leves» —que se derivarían a hospitales generales—, e indicó que «parecería que el objetivo es ampliar al máximo las internaciones».
Un punto especialmente sensible es la eliminación de la obligación de destinar el 10% del presupuesto de Salud al área de salud mental. Eduardo Quiroga, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), advirtió que este cambio dejaría de ser un compromiso tanto para el Estado nacional como para las provincias, en un contexto de demanda creciente. En la práctica, ese porcentaje nunca se cumplió —en la última década no superó el 2,7%—, pero su eliminación como mandato legal profundizaría aún más la desfinanciación estructural del sector. En la misma línea, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, resumió el problema en términos contundentes: La ley actual dice: compromiso de financiamiento. La modificación que propone Nación: sin financiamiento. Lo que hacen es ajustar en salud mental».
El Gobierno discontinuó el programa Remediar y dejó sin medicamentos a cientos de miles de familias
La Federación de Psicólogas y Psicólogos de la República Argentina emitió un comunicado de repudio en el que sostuvo que el agravamiento de los problemas de salud mental en el país «no puede ser atribuido al marco normativo vigente», sino a «un proceso sistemático de desinversión en políticas públicas sanitarias y sociales». El texto señaló que la iniciativa oficial «corre el riesgo de desplazar el foco del problema» y que la ley de 2010 «ha constituido un avance significativo en la construcción de un paradigma de derechos humanos», con un potencial «aún no plenamente desarrollado». Para el conjunto de los especialistas, el diagnóstico es coincidente: el problema no es la norma, sino su incumplimiento, y la solución pasa por inversión sostenida y fortalecimiento de la red comunitaria, no por facilitar las internaciones.
