Un fallo del Juzgado Federal de Campana ordenó al Ministerio de Capital Humano que mantenga vigentes las prestaciones del programa Volver al Trabajo, sucesor del Potenciar Trabajo, que el Gobierno de Javier Milei había dado por terminado el 9 de abril. La resolución judicial, dictada el 22 de abril, alcanza a aproximadamente 900.000 beneficiarios que cobran $78.000 mensuales y establece un plazo de tres días para su cumplimiento. El fallo es resultado de un amparo colectivo impulsado por más de 60 organizaciones sociales y piqueteras, entre ellas las que integran la UTEP y el Frente de Lucha Piquetero. El Gobierno ya confirmó que apelará.
El oficialismo había dispuesto el reemplazo del programa por una iniciativa bautizada «Formando Capital Humano», un nuevo esquema sin prestación dineraria que ofrecería acceso a más de 4.300 cursos de formación laboral. La medida se oficializó mediante la Resolución 295/2026 y el paso al nuevo esquema estaba previsto de forma automática para todos los participantes del programa anterior. El ingreso de $78.000, cabe recordar, permanece congelado desde marzo de 2024, lo que representa una pérdida de poder adquisitivo del 67,9% en el período.
El fallo ordenó al Estado Nacional mantener «la vigencia de las prestaciones económicas que percibían los beneficiarios» hasta que se dicte sentencia definitiva, bajo apercibimiento de multa por cada día de incumplimiento. Desde la UTEP subrayaron que el magistrado reconoció que el programa cumple la función de ser un «ingreso mínimo de carácter alimentario, integrado a una estrategia de inclusión sociolaboral», y advirtieron que si el Gobierno no deposita en término, estará desobedeciendo una orden judicial.
El Ministerio de Capital Humano confirmó que apelará la medida y anunció que, mientras deba sostener los pagos del Volver al Trabajo, suspenderá otros dos programas planificados: los vouchers de formación laboral y la doble escolaridad primaria en escuelas vulnerables. La cartera que conduce Sandra Pettovello acusó a la decisión judicial de tener «graves consecuencias sobre el presupuesto y la gestión ministerial». Los datos oficiales, sin embargo, exponen el magro resultado del programa en su propia lógica: según el informe de Jefatura de Gabinete al Congreso correspondiente a junio de 2025, solo 1.500 de los 900.000 beneficiarios —el 0,17% del total— lograron insertarse en el mercado laboral formal.
Las organizaciones sociales destacaron el fallo como un primer triunfo y anticiparon la apelación oficialista, como sucedió en otras causas vinculadas a pensiones por discapacidad y medicamentos oncológicos, o a la entrega de alimentos. Desde el Frente de Lucha Piquetero, Eduardo Belliboni señaló que la resolución judicial reconoce que las personas en el programa «no pueden ser privadas de ese ingreso porque corre riesgo la cuestión alimentaria», y anunció que el plan de lucha continuará en las próximas semanas para sostener la medida en las instancias judiciales superiores. La acción conjunta de las organizaciones —que incluyó asambleas en terminales de trenes y cortes de ruta en más de cien puntos del país— antecedió y acompañó la presentación legal que derivó en este resultado.
