Tal como lo había anticipado hace algunos días el Jefe de Gabinete Santiago Cafiero, finalmente el Gobienro nacional reglamentó la Ley de Góndolas, como una herramienta más para luchar contra la disparada inflacionaria de los últimos meses. La iniciativa, que había sido aprobada en febrero de este año, busca promover la oferta de una mayor cantidad de marcas en los supemercados para fomentar la competencia y bajar los precios.
El presidente Alberto Fernández habría firmado este viernes la reglamentación de la Ley, promulgada en marzo por el Decreto 268/2020 tras su sanción el Congreso en la última sesión extraordinaria de febrero. Las presiones inflacionarias de los últimos meses, particularmente en lo que hace al aumento de los alimentos, volvieron urgente la reglamentación de la ley. En el último año el aumento de precios fue de 37,2% (un retroceso respecto del 50% registrado en el mismo período de 2019), pero también una cifra muy por encima de las expectativas oficiales.
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La Ley de Góndolas apunta a que los precios de productos alimenticios y bebidas, así como productos de higiene y limpieza del hogar «sea transparente y competitivo, en beneficio de los consumidores». Además, busca “evitar que realicen prácticas comerciales que perjudiquen o impliquen un riesgo para la competencia u ocasionen distorsiones en el mercado”.
La nueva reglamentación establece que los productos de una marca no ocupen más del 30% de la góndola y obliga a que haya por lo menos 5 marcas diferentes de cada producto exhibidas en góndola. Además, un 25% de los productos deben ser producidos por Pymes, cooperativas o mutuales y el 5% deben ser de empresas de agricultura familiar, campesina o indígena o de la economía popular. Los productos más baratos deben estar en el sector medio de la góndola y en la primera página de la web del supermercado, mientras que en las islas y exhibidores pegados a las cajas debe garantizarse la presencia de un 50% de productos de micro y pequeñas empresas nacionales, de cooperativas y de mutuales.
Según la nueva ley, los supermercados también deberán contemplar distintos plazos y condiciones de contratación para los distintos proveedores según sean pymes o empresas de la economía popular, no pudiendo exigir aportes o adelantos financieros a estos proveedores ni imponerles la entrega de mercadería gratuita o por debajo del costo como condición para exhibir los productos.
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