La Asociación Bancaria, el gremio que conduce Sergio Palazzo, decidió extender la medida de fuerza decidida el pasado viernes a todo este lunes para los trabajadores del Banco Nación, mientras que en el resto de las entidades el paro se llevará adelante sólo de 9 a 11 de la mañana. Se trata de un reclamo de mayor seguridad para los trabajadores bancarios luego del asesinato de un cajero de Banco Nación durante un asalto a la sucursal de Isidro Casanova, que se produjo este vienes 31 de enero.
La jornada comenzó con un acampe en la madrugada frente al Banco Central (BCRA) para evitar que desde allí salgan los camiones de caudales, que se prevé continuar por tiempo indeterminado. El titular del gremio participó de la medida de fuerza, que también contó con el apoyo de Antonio Caló, dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica y de la CGT.
Bancarios piden más seguridad y paran el lunes por el asesinato de un cajero en un asalto
El comunicado de La Bancaria detalló: “En virtud de las asambleas realizadas ayer en distintas sucursales y casa matriz del BNA ante el asesinato del compañero Germán Chávez, y a solicitud de su Comisión Gremial Interna, la Asociación Bancaria extiende en el Banco Nación el paro previsto para el 3 de febrero a toda la jornada de atención al público en todo el país”.
“Para los bancos no importa la vida humana. Una vez más se comprueba. El compañero Hermán Chávez, del Banco Nación, ha sido asesinado en el curso de un asalto a un anexo en Isidro Casanova”, denunciaron a continuación. Y añadieron: “Esta muerte es consecuencia de la desregulación de la seguridad bancaria ejecutada por los presidentes del Banco Central durante el macrismo: Federico Sturzenegger, Luis Caputo y Guido Sandleris”.
Desde el gremio bancario recordaron también que el de la seguridad fue un reclamo permanente e insistieron con la exigencia de “una urgente respuesta de las nuevas autoridades, y una reunión en el ámbito del Banco Central con las cámaras empresarias”. Una de las reformas más cuestionadas por la Bancaria en materia de seguridad fue implementeada en 2017, cuando el Central autorizó a las entidades financieras a reemplazar las garitas blindadas por un monitoreo por cámaras conectadas con las comisarías, lo que implicaba un ahorro en el pago a personal policial.
