La Justicia Federal hizo lugar a una cautelar de la Unión del Personal de Seguridad República Argentina (UPSRA) y le devolvió el control de su obra social sindical, después de siete años de intervención. Luego de esto, la conducción gremial de Ángel García le reclamó a la Superintendencia de Servicios de Salud que reconozca a las autoridades designadas.
El pasado 23 de agosto, la Justicia Federal dispuso la suspensión del Decreto que había intervenido la Obra Social del Personal de Seguridad Comercial, Industrial e Investigaciones Privadas (Ospsip) y ordenó reconocer y garantizar el derecho del gremio de Vigiladores a designar su conducción.
El fallo del Juzgado Federal de Santa Fe N° 1 revirtió así una decisión presidencial, a pedido de la conducción de Ángel García, que desde hace años busca retomar el manejo legítimo de la institución. A parte de esta decisión judicial, queda sin efecto el decreto del 20 de abril de 2021 que definía la intervención a la obra social en cuestión por el plazo de 180 días. Esta medida luego se fue prorrogando a lo largo de siete años, con varios interventores a cargo.
Luego de la resolución judicial, García intimó con una carta documento al superintendente de Servicios de Salud Daniel López a que cumpla con la manda judicial. De hecho, se habla de la aplicación de sanciones en caso de que incumpla con lo demandado. Según constató la UPSRA, el propio juzgado notificó a López de la resolución por lo que el funcionario, en caso de demorar la determinación, se expone a una denuncia ante el fuero Federal por incumplimiento judicial, entre otros posibles delitos.
La Ospsip, que atiende mayormente a los miles de afiliados al gremio de vigiladores, está intervenida hace 7 años. En ese plazo se han sucedido gestiones signadas por escándalos en el manejo de los fondos de los afiliados y por la escasez de prestaciones.
