El Correo Argentino avanzó en los últimos días con una oleada de despidos que ya alcanza a cientos de trabajadores en todo el país. Según denunció la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECYT), la empresa pretende cesar a 900 empleados a nivel nacional, aunque otras fuentes sindicales elevan la cifra hasta cerca de 9.000 bajas. En la sede central de la provincia de Córdoba, uno de los focos más golpeados por el momento, al menos 120 trabajadores recibieron telegramas en apenas dos días (60 el martes y 60 el miércoles). El conflicto se desató en pleno plan de lucha del gremio, que reclama la reapertura de unas paritarias que están congeladas desde noviembre de 2024.
La empresa intentó justificar las cesantías bajo la figura de «injuria laboral», señalando a trabajadores que participaron de asambleas y medidas informativas en el marco del conflicto salarial. Los sindicatos rechazaron de plano ese argumento y advirtieron que las protestas no afectaron el funcionamiento del servicio postal. Marcelo Díaz, secretario general de la Asociación libre de Empleados de Correos y Telecomunicaciones (ALECYT), denunció que «desde el lunes vienen mandando despidos indiscriminadamente» y que la maniobra apunta a «callar las voces de los trabajadores». Según el dirigente, el Correo Central de Córdoba quedó «prácticamente inoperable» por la falta de personal.
El trasfondo salarial del conflicto es contundente. Los trabajadores del sector cobran en promedio 700.000 pesos mensuales, cifra que los propios gremios califican como «salario de indigencia». Un auxiliar con 12 años de antigüedad percibe alrededor de 750.000 pesos, mientras que empleados con dos décadas de servicio apenas superan ese umbral. La última actualización paritaria data de fines de 2024, lo que implica casi un año y medio sin recomposición salarial en un contexto de gran inflación acumulada. La situación se agrava porque, según denuncia la Federación FOECYT, la empresa exhibe balances positivos mientras recorta personal.
La respuesta de los trabajadores fue inmediata. Los gremios impulsaron un plan de lucha que incluye movilizaciones en distintas ciudades y analiza un paro nacional de 48 horas sin asistencia a los lugares de trabajo. En Córdoba, los empleados del Correo se sumaron a la marcha convocada por la CGT provincial, lo que paralizó por completo la atención al público durante esa jornada. Sin embargo, el conflicto también expuso tensiones internas en el movimiento sindical del sector: las federaciones AATRAC, FOECOP y FEJEPROC fueron cuestionadas por no repudiar los despidos y limitar su accionar a presentaciones judiciales sin continuidad.
La justicia declaró la quiebra del Correo y el grupo Macri debería hacerse cargo de la deuda
El Correo Argentino fue privatizado en los 90, concesionado al Grupo Macri via SOCMA que realizó una gestión desastrosa, con deudas millonarias al Estado, por lo que el contrato se rescindió en 2003 y la empresa fue reestatizada. Ya con el gobierno de Javier Milei la empresa quedó fuera del listado de sociedades sujetas a privatización en la Ley Bases, luego de que la oposición y los gobernadores manifestaran su oposición. Pero el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger anticipó que la intención del Gobierno de Javier Milei sigue siendo la de privatizarla o concesionarla.
En ese marco, el clima de incertidumbre para los trabajadores persiste y los gremios advierten que podrían llegar nuevos telegramas en las próximas horas, especialmente en provincias como La Rioja, donde ya se registraron bajas entre los 94 empleados de la jurisdicción. Para los empleados del Correo Argentino, muchos de ellos con décadas de antigüedad, la urgencia pasa por frenar los despidos antes de que el ajuste se profundice. La situación del Correo Argentino se inscribe en un patrón más amplio de deterioro de las condiciones laborales en las empresas públicas bajo la gestión de Milei, que viena aplicando una brutal reducción de planteles que puede entenderse más como política de desguace e ineficiencia deliberada (para habilitar la posterior privatización) que como necesidad operativa.
