El Ministerio de Capital Humano homologó esta semana el acuerdo salarial alcanzado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresariales del sector, más de un mes después de su firma, el 26 de marzo pasado. La demora no fue un trámite administrativo menor, ya que el acuerdo presentaba tensiones con el esquema de contención salarial que el ministro de Economía, Luis Caputo, viene sosteniendo como «ancla antiinflacionaria» la fijación de aumentos máximos de 1% mensual. La decisión de homologarlo abre la puerta a que otros gremios tomen el caso como ejemplo.
El acuerdo establece un incremento remunerativo del 5% sobre las escalas básicas del CCT 130/75 vigentes a marzo de 2026, escalonado en tres tramos: 2% en abril, 1,5% en mayo y 1,5% en junio. A eso se suma una suma fija no remunerativa de $20.000 mensuales durante el mismo período, que se incorporará al básico en julio, y la prórroga de otras sumas no remunerativas previas por un total de $100.000, también con incorporación al básico en ese mes. Además, la contribución adicional a la obra social del sector, OSECAC, salta de $8.500 a $28.000 mensuales por trabajador, un aumento que recae sobre los empleadores.
De todos modos, la homologación de la Secretaría de Trabajo llegó con salvedades. La resolución ministerial advierte que el aporte solidario deberá respetar el techo fijado por el artículo 133 de la disputada Ley de Modernización Laboral, que la contribución especial a OSECAC debe administrarse por separado de los fondos sindicales comunes y que ciertas cláusulas del acuerdo no sustituyen los procedimientos previstos en el artículo 137 de esa misma ley. Son señales de que el Ejecutivo aceptó el acuerdo, pero marcando límites sobre su alcance institucional.
El trasfondo político es claro y la flexibilización del techo salarial para el gremio que conduce Armando Cavalieri puede leerse como una decisión oficial para evitar abrir un nuevo frente de conflicto en un momento político delicado para el oficialismo. El sector mercantil, el de mayor cantidad de afiliados a nivel nacional, también tiene un peso en la estructura de la CGT. Abrir un conflicto con Comercio en un contexto de tensión social creciente —con reclamos permanentes de jubilados, crisis de obras sociales y PAMI, y varios gremios en estado de alerta— habría representado un costo político considerable para una administración que ya acumula fricciones con el mundo sindical, además de estar golpeado por los escándalos de corrupción y una creciente crisis político-económica.
El acuerdo también prevé una cláusula de revisión en junio próximo, cuando las partes podrán volver a sentarse si las variaciones económicas lo justifican. Para los trabajadores del sector, el resultado es magro en términos reales: un 5% remunerativo en un trimestre no alcanza para recuperar plenamente lo perdido frente a la inflación acumulada, y buena parte de la mejora sigue atada a sumas no remunerativas que no impactan de lleno en los aportes previsionales ni en el cálculo de futuras indemnizaciones.
