Ministra Sandra Pettovello, que el Gobierno nacional cumpla con sus obligaciones históricas en materia de asistencia alimentaria escolar. La protesta, encabezada por el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, es la segunda acción de este tipo en menos de un mes, ya que el 14 de abril pasado los mismos jefes comunales se convocaron frente al Ministerio de Economía para reclamar fondos de coparticipación, obras públicas y compensaciones por el transporte. La movilización fue definida en el marco del Consejo del PJ bonaerense, donde el gobernador Axel Kicillof formalizó su conducción del partido en provincia.
El eje del reclamo es el financiamiento nacional al Servicio Alimentario Escolar (SAE), programa que garantiza el acceso a la alimentación de 2,5 millones de estudiantes en la provincia de Buenos Aires. Según datos del gobierno provincial, la participación del Estado nacional en ese programa cayó del 33% histórico al 14,5% actual, mientras que la deuda acumulada desde 2024 supera los 220.800 millones de pesos. Larroque le envió una nota formal a Pettovello para reclamar ese monto y advirtió que la caída del aporte nacional se produce en simultáneo con un aumento de la demanda alimentaria en los territorios.
El gobierno de Kicillof respondió a la retracción nacional con un paquete de medidas propias, en el marco del que incrementó en un 30% los recursos destinados al SAE, elevando la inversión anual total a 553.910 millones de pesos, y duplicó el Módulo Alimentario Territorial (MATE), que distribuye asistencia a los 135 municipios bonaerenses, con una inversión anual de 389.692 millones. También aumentó en un 25% la inversión en programas sociales vinculados al desarrollo infantil, la atención de personas en situación de calle y las políticas para personas con discapacidad. Larroque subrayó que el aporte provincial al MATE cuadruplica lo que destina el gobierno nacional para todo el país.
Desde Capital Humano, Pettovello rechazó los planteos bonaerenses con un comunicado en el que sostuvo que la Nación no tiene responsabilidad en el desfinanciamiento de programas que la propia provincia decidió reformular, y afirmó que el aporte nacional ronda el 20% del monto necesario para la atención de comedores escolares en el distrito. La discrepancia de cifras entre ambas administraciones —14,5% según la Provincia, 20% según la Nación— ilustra la profundidad del conflicto político detrás del cruce técnico. En paralelo a la marcha de los intendentes, el movimiento social Barrios de Pie instaló ollas populares en las inmediaciones del Congreso, mientras que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brindaba su postergado informe ante la Cámara de Diputados, acompañado por el propio Milei.
El documento aprobado en el Consejo del PJ bonaerense denuncia un «plan de asfixia» deliberado sobre la provincia de Buenos Aires que combina desfinanciamiento, retención de transferencias y ajuste sobre programas sociales en un contexto de deterioro acelerado del poder adquisitivo. Para los intendentes, el impacto es directo y cotidiano: la caída del aporte nacional obliga a los municipios a cubrir una brecha que crece mientras los recursos propios se erosionan con la inflación. La protesta frente a Capital Humano es, en ese sentido, tanto una demanda concreta como una señal política de que el peronismo bonaerense no está dispuesto a absorber en silencio el millonario costo social del ajuste. La CATT planteó “estrategias conjuntas” a dirigentes nacionales e internacionales, para “enfrentar las políticas del transporte” del Gobierno libertario.
