Desde diciembre de 2023, la industria argentina perdió 79.672 puestos de trabajo registrados. El dato surge del Observatorio de Industriales Pymes Argentinos (IPA) y ubica al sector manufacturero como el epicentro de la destrucción del empleo formal durante el mandato de Javier Milei. La tendencia no solo se sostiene, sino que se aceleró en el arranque de este año: de los 7.593 empleos formales perdidos entre diciembre y enero, 7.336 correspondieron a la industria, lo que equivale al 97% de las bajas mensuales en el conjunto de la economía. Daniel Rosato, presidente de IPA, fue directo: «No hay otro sector que reemplace esa demanda».
La sangría de empleos va de la mano con el cierre masivo de establecimientos. Desde que asumió el gobierno de La Libertad Avanza, cerraron cerca de tres mil empresas industriales. Hoy quedan activas 46.728 firmas fabriles, 1.812 menos que en igual período del año anterior. La producción industrial acumula ocho meses consecutivos de caída —en febrero retrocedió 8,7% interanual y 4% respecto de enero—, mientras que el consumo cayó 3,1% interanual y el 60% de los hogares recurre al endeudamiento para cubrir compras básicas en supermercados. El informe del IPA describe un «efecto pinza»: los costos en pesos suben, el tipo de cambio permanece estable, la producción local se encarece en dólares y los importados ganan terreno en el mercado interno.
El diagnóstico de fondo que traza IPA va más allá de la coyuntura. Rosato señaló que el país «reconvirtió el modelo de empleo y desarrollo en uno extractivista y primario», con estabilidad macroeconómica para los sectores exportadores de commodities y deterioro sostenido del entramado fabril. El organismo advierte que el atraso cambiario y la debilidad de la demanda interna configuran un escenario de «estancamiento económico generalizado con una aceleración en el proceso de pérdida de capacidades productivas» que será «muy dificultoso de revertir en los ciclos económicos posteriores». Frente a eso, IPA prepara un proyecto de ley de emergencia productiva que busca evitar el cierre de unas 1.200 unidades productivas en el corto plazo.
Mientras los números de la industria dibujan un cuadro de crisis extendida, Javier Milei eligió otro registro. En una cena de la Fundación Libertad ante empresarios del círculo rojo, el presidente les pidió que «no se dejen psicopatear» por el «relato de los kukas» y aseguró que «la economía crece» pese al «ajuste más grande de la historia». Cuando le tocó explicar la caída del empleo formal, Milei destacó que unas 400.000 personas pasaron al mercado informal (sobre todo como monotributistas, cosa que no aclaró) y afirmó que uno de los principales objetivos de la reforma laboral (hoy judicializada por la CGT) es precisamente la búsqueda de formalización laboral. La recepción fue llamativa: según crónicas del evento, el discurso cosechó escasos aplausos y miradas adustas de una plana empresarial que escuchó en silencio mientras el presidente volvía a llamar «Don Chatarrín» al CEO de Techint y «soviético» al gobernador Axel Kicillof.
El contraste entre el discurso oficial y la realidad productiva difícilmente podría ser más marcado. La informalización del empleo no es un logro, sino la otra cara de la destrucción del empleo registrado. Cada fábrica que cierra se lleva consigo conocimiento técnico acumulado durante años, cadenas de valor que no se reconstruyen de un ciclo económico a otro y trabajadores calificados que el mercado informal no puede absorber en condiciones equivalentes. IPA lo dice sin eufemismos: el deterioro «es generalizado, con la mayoría de los sectores en retroceso y varios con caídas de dos dígitos», y los próximos meses anticipan «la persistencia de la caída o, en el mejor de los casos, un estancamiento en niveles bajos».
