El gobierno de Javier Milei prohibió el ingreso de todos los periodistas acreditados a la Casa Rosada, una medida sin antecedentes en la historia argentina reciente. La decisión, tomada el 24 de abril sin comunicado oficial, dejó fuera de su lugar de trabajo a más de cincuenta comunicadores de distintos medios del país. El episodio se inscribe en una escalada sistemática de agresiones del oficialismo contra la prensa que lleva menos de un mes y que incluye la suspensión de acreditaciones bajo la acusación de una «trama rusa» y los insultos públicos del propio presidente, que desde Israel llamó a los periodistas involucrados «basuras repugnantes» y «delincuentes».
La Confederación General del Trabajo (CGT) fue una de las primeras voces en repudiar la medida. En un comunicado firmado por la conducción tripartita —Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo—, la central obrera sostuvo que la restricción «constituye un ataque directo a la libertad de expresión y socava el derecho de toda la sociedad a conocer y controlar los actos de Gobierno». La central obrera añadió: «Prácticas de este calibre no han sido puestas en marcha ni en los años más oscuros de la dictadura militar». Que esa afirmación provenga de una organización que sufrió directamente la persecución del terrorismo de Estado entre 1976 y 1983 le otorga un peso político particular. La CGT concluyó denunciando que el objetivo oficial es «silenciar a la prensa en este circo sin pan».
El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) también repudió el episodio, considerándolo «otro intento desesperado de silenciar a la prensa» y advirtiendo que «la única política de comunicación del Gobierno es desprestigiar al periodismo con el fin último de debilitar la libertad de expresión, en medio de los casos de corrupción y el agravamiento de la crisis económica». El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) también calificó la medida de «extrema gravedad institucional» por alterar «las condiciones básicas para la cobertura periodística del principal ámbito de funcionamiento del Poder Ejecutivo».
La justificación esgrimida por el secretario de Comunicación, Javier Lanari, fue que la medida se adoptó «de manera preventiva ante la denuncia de Casa Militar por espionaje ilegal», en referencia a la causa penal iniciada contra dos periodistas del canal TN que grabaron pasillos y espacios comunes del edificio sin autorización expresa. Desde FOPEA consideraron que la denuncia contra los periodistas de TN no cuenta con resolución judicial que determine conducta irregular, lo que hace desproporcionada la sanción colectiva a toda la prensa acreditada.
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También desde el Congreso, legisladores de distintos bloques —entre ellos Juan Marino, Mónica Frade, Esteban Paulón, Sabrina Selva, Nicolás Massot y Natalia de la Sota— pidieron reactivar de urgencia la Comisión de Libertad de Expresión y convocaron a periodistas y medios afectados a concurrir al Parlamento para debatir el tema. En su pedido de reunión al propio Lanari, los diputados subrayaron que «no hay otro antecedente similar en los últimos 50 años, ni siquiera durante la dictadura».
Pese al planteo oficial del ex periodista Lanari de «el único fin es garantizar la seguridad nacional», los propios periodistas acreditados señalaron que la medida fue «discrecional» y aplicada «sin notificación previa». La producción del programa de TN involucrado puso a disposición de la Justicia el material completo de las grabaciones, que demuestra que se realizaron en espacios comunes del edificio gubernamental, registrados con anterioridad por numerosos medios sin consecuencia alguna. Los escenarios son parte hasta de las visitas guiadas a la Casa Rosada.
Más llamativo resultó que la prohibición rigiera justamente el día en que Milei recibió en casa de Gobierno al empresario tecnológico Peter Thiel, cofundador de Palantir, en un encuentro rodeado de hermetismo total. El mismo Lanari, en un giro que delata la incomodidad oficial ante el escándalo internacional, llegó a sugerirles en las últimas horas a los periodistas que presentaran un amparo judicial para revertir la propia orden de su gobierno.
El contexto en que se produce la ofensiva contra la prensa no es casual. El jefe de Gabinete Manuel Adorni varias causas judiciales por posible enriquecimiento ilícito y las estrategias oficiales para correr el tema de la agenda mediática no están funcionando. A eso se suman los avences en la causa por la criptoestafa $LIBRA que involucra al propio Milei, las sospechas sobre la compra de medicamentos con sobreprecios para la agencia de discapacidad, los créditos hipotecarios del Banco Nación a legisladores y militantes de La Libertad Avanza y la investigación al secretario Carlos Frugoni por al menos cinco inmuebles sin declarar en Estados Unidos, solo por mencionar algunos temas. Según un referente libertario que permaneció anónimo, «Milei está haciendo el doble de quilombo para cambiar la agenda de los escándalos de Adorni y los problemas de la economía».
La escalada tiene además una dimensión interna en el oficialismo. El asesor presidencial Santiago Caputo habría impulsado la narrativa de la «trama rusa» como un triunfo propio y acompañó con entusiasmo la decisión de prohibir el ingreso a la prensa, en lo que fuentes cercanas al gobierno describen como un movimiento calculado para congraciarse con el Presidente. Mientras tanto, Adorni lleva adelante reuniones reservadas con periodistas, en las que reconoce que «cometió errores» pero asegura que continuará en su cargo, en un intento por aliviar una situación que lo tiene al borde de la renuncia. El resultado es un Gobierno que, acorralado por la acumulación de escándalos de corrupción y el deterioro económico, opta por cerrarle las puertas a la prensa en lugar de dar explicaciones, en una apuesta que sólo profundiza la crisis de credibilidad de la administración libertaria. Y si los periodistas vetados de Casa Rosada concretan su protesta en Plaza de Mayo, la debacle mediática y política se multiplicará.
