El Gobierno nacional de Javier Milei anticipó que avanzará con múltiples acciones legales y disciplinarias contra el juez laboral Raúl Ojeda, quien hace algunas semanas dictó, a pedido de la Confederación General del Trabajo (CGT), una medida cautelar que suspendió la aplicación de más de 80 artículos de la Ley de Modernización Laboral. Desde el Poder Ejecutivo confirmaron que trabajan en varias presentaciones contra el magistrado y que las harán públicas a medida que queden formalizadas. «La decisión es avanzar a través de diferentes vías», señalaron fuentes oficiales.
Las acciones en estudio abarcan desde una presentación ante el Consejo de la Magistratura hasta un recurso ante la Corte Suprema y una denuncia penal, pasando por otras posibles medidas que el oficialismo mantiene en reserva. En paralelo, el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB) ya radicó una denuncia penal contra el magistrado por abuso de autoridad, al entender que el juzgado dictó una medida con efectos federales pese a ser un tribunal ordinario. La denuncia encuadra la conducta de Ojeda en el artículo 248 del Código Penal, que prevé penas de uno a tres años de prisión e inhabilitación, y plantea también la posible figura de prevaricato.
El malestar del Gobierno no se limita a la cautelar que benefició a la central obrera. El Ejecutivo apunta también a una resolución posterior del juez que cuestionó la intervención del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, y de dos subprocuradores, al sostener que no estaban matriculados para actuar en el expediente. En Balcarce 50 rechazaron ese criterio y sostuvieron que la representación del Estado surge del cargo y del régimen legal de la Procuración del Tesoro, calificando la medida como una afectación al «derecho de defensa» estatal.
El conflicto se complejizó también por una disputa sobre la competencia, ya que el Estado había impulsado el traslado de la causa al fuero Contencioso Administrativo Federal (el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12 hizo lugar a ese planteo el 10 de abril), pero Ojeda defendió su intervención y avanzó sobre la integración de la defensa oficial, lo que desde el oficialismo se interpretó como una profundización deliberada del conflicto. En ese contexto, el Gobierno presentó un recurso de per saltum ante la Corte Suprema para que el máximo tribunal resuelva de manera directa la cuestión de fondo.
La ofensiva del Ejecutivo contra el juez Ojeda profundiza la tensión entre el Gobierno, el Poder Judicial y el movimiento sindical en su conjunto. La cautelar que suspendió la reforma laboral generó incertidumbre jurídica respecto de la aplicación de la nueva ley flexibilizadora y reabrió el debate sobre los límites de la actuación de los juzgados ordinarios frente a normas de alcance nacional. La Corte Suprema quedó así en el centro de una disputa que combina reforma estructural del mercado de trabajo, pugna de competencias entre fueros y presión política directa sobre el Máximo Tribunal.
