La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) se presentó ante el plenario de las comisiones de Comercio y de Pequeñas y Medianas Empresas de la Cámara de Diputados y puso sobre la mesa diagnósticos que contradicen el optimismo oficial respecto de los beneficios de la reforma laboral. Dirigentes empresarios de todas las provincias coincidieron en señalar que la sostenida caída del consumo y del poder adquisitivo, la apertura indiscriminada de importaciones y la pérdida de rentabilidad configuran un cuadro crítico que, lejos de la reactivación económica prometida, tiene como consecuencia directa el cierre de miles de PyMEs.
El mensaje central lo aportó el presidente de CAME, Ricardo Diab, apuntando directamente al corazón del relato libertario: «El 95% de las PyMEs viven del mercado interno. Podemos trabajar en las mejores leyes, pero si no tenemos consumo no podemos transformar nada. No podemos tener innovación, inventiva, ni generar empleo». La declaración equivale a un cuestionamiento implícito pero contundente a la lógica de la flexibilización laboral que defiende el oficialismo: de poco sirve abaratar el costo laboral o avanzar con la desregulación si la demanda interna se derrumba y las empresas no tienen a quién venderle.
El dato que grafica con mayor crudeza la situación del sector es el del acceso al financiamiento: solo una de cada tres PyMEs logra obtenerlo. Ante ese cuadro, los representantes de CAME le solicitaron a los legisladores la ampliación de las líneas de crédito disponibles, mientras que los diputados presentes informaron que estudiarán la posibilidad de declarar la emergencia PyME en todo el país, una figura que reconocería institucionalmente la gravedad de la situación.
Entre las propuestas concretas que llevó CAME al Congreso figuran un nuevo consenso fiscal que ordene los impuestos provinciales —en particular Ingresos Brutos— y las tasas municipales, y la reducción de la presión tributaria sobre las pequeñas y medianas empresas. El argumento es que la superposición de cargas fiscales empuja a muchas unidades productivas hacia la informalidad como única salida viable, un fenómeno que la entidad busca revertir mediante programas de capacitación y profesionalización.
La reunión dejó en evidencia una tensión que el Gobierno prefiere ignorar: que la agenda pyme y la agenda de desregulación laboral no van necesariamente de la mano. Mientras que el oficialismo presenta a la reforma laboral como un estímulo a la inversión y al empleo, las propias organizaciones empresarias del sector más dinámico en términos de generación de trabajo advierten que el problema no es regulatorio sino de demanda. Sin consumo, repitió Diab, ninguna ley transforma nada.
