A un año de la muerte del papa Francisco, la Iglesia Católica argentina intensificó sus críticas hacia las políticas del Gobierno nacional de Javier Milei y volvió a colocar en el centro del debate la cuestión de la justicia social, los derechos laborales y el rol del Estado. El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, fue uno de los principales voceros de ese mensaje: alertó por el avance del narcotráfico en los barrios populares, la situación de los jubilados y la de las personas con discapacidad, en un discurso que, sin nombrar al Gobierno, trazó un mapa preciso de las consecuencias del ajuste libertario.
García Cuerva fue cuidadoso en las formas pero contundente en el fondo. Consultado sobre si la gestión de Milei tiene menos compromiso con las causas sociales que otros gobiernos, respondió: «Me reservo la opinión, pero sí alertamos que hay que tener cuidado con que el Estado se retire de acompañar a los más vulnerables porque justamente para muchos la presencia del Estado es todavía garantía de acceder a derechos sociales». Luego fue más lejos aún: «Cuando hablamos en los barrios más pobres del retiro del Estado, es necesario saber que eso no significa que no pase nada sino que representa que avance el narcotráfico, que avance la violencia, el tráfico de armas». En este sentido, el arzobispo reclamó «un Estado no solo presente sino inteligente, que trabaje con las organizaciones intermedias y fundamentalmente cerca de los vulnerables».
La postura de García Cuerva no es aislada sino parte de una oposición eclesiástica sostenida y de enfrentamiento creciente. La Conferencia Episcopal, la Comisión de Pastoral Social y varios arzobispos de todo el país se pronunciaron en contra de la reforma laboral, la baja de la edad de imputabilidad, la modificación de la Ley de Glaciares y el cierre de organismos de política social. Sobre la reforma laboral en particular, la Iglesia pidió que se protejan los derechos de los trabajadores y colocó en el centro la Doctrina Social: «No hay justicia social sin dignidad para el trabajador», advirtieron, rechazando que los trabajadores «sean material descartable».
El trasfondo político de esta tensión tiene una dimensión institucional significativa: desde 2024 no hay diálogo entre las autoridades eclesiásticas y el presidente Milei, que en paralelo multiplica sus gestos de simpatía hacia el Estado de Israel y la religió judía. Los obispos solicitaron en más de una ocasión ser recibidos en la Casa Rosada, sin obtener respuesta. Mientras tanto, el Presidente profundizó su vínculo con la Iglesia evangélica y con referentes locales del judaísmo, en un giro que no pasó inadvertido en la jerarquía católica. La muerte de Francisco, quien funcionaba como factor de equilibrio entre la Iglesia y los gobiernos, dejó a los obispos argentinos con menos cautela y mayor disposición a marcar diferencias públicas.
La referencia a Francisco no es meramente simbólica en este primer aniversario de su muerte. Casi todos los referentes eclesiásticos actuales fueron nombrados por él, y su legado (la defensa de los pobres, la crítica al descarte, la centralidad del trabajo como valor sagrado) es la vara con la que la Iglesia mide hoy las políticas del Gobierno. «Hay muchos hermanos en nuestro país que ya no tienen fuerza para seguir, que no encuentran sentido al camino de sus vidas», dijo García Cuerva en una misa reciente. Un año después de la muerte del papa argentino, la Iglesia eligió honrarlo con lo que él más predicó: incomodar al poder en nombre de los que más sufren.
