El Decreto 253/2026 publicado por el Poder Ejecutivo en el Boletín Oficial, con la firma de Javier Milei, Manuel Adorni y Juan Bautista Mahiques, «establece la cesión a 9 provincias del mantenimiento de rutas nacionales que pasan por su territorio», lo que provocará, según denuncia el Sindicato Trabajadores Viales, «una precarización sobre las rutas no rentables y un avance hacia el vaciamiento de la Dirección Nacional de Vialidad».
Puntualmente, el dictamen establece que «el Gobierno Nacional le delega a las Provincias de Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz la competencia para el otorgamiento de concesiones de obra pública por peaje para la administración, reparación, ampliación, conservación o mantenimiento de tramos de rutas nacionales emplazados en su territorio”.
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Como respuesta a esta resolución, desde el sindicato que lidera Graciela Aleñá, se entiende que «esta medida altera de raíz el sistema vial argentino, desconociendo el espíritu y la arquitectura del Decreto-Ley 505/58”, asegurando un “cambio de modelo” que rompe el esquema del Decreto-Ley que establece que “la Dirección Nacional de Vialidad es el organismo rector del sistema troncal, debe planificar, construir, conservar y administrar las rutas nacionales bajo un criterio integral, federal y solidario”, sentenciando que de esta manera se “fragmenta la gestión, delega funciones centrales y convierte rutas en unidades de negocio”.
En ese sentido, el gremio liderado por Aleñá aseguró que “al sector privado solo le interesan las rutas rentables, es decir, aquellas con alto tránsito y capacidad de cobro de peaje”, por lo que si este esquema avanza, “vas a tener rutas ‘de primera’ para los negocios y rutas destruidas para los pueblos; provincias ricas conectadas y provincias olvidadas”, en un modelo de “desigualdad planificada”. En consecuencia, afirmó que “rompe el principio de igualdad territorial y atenta contra el desarrollo federal”.
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A su vez, el sindicato recuerda que el financiamiento de Vialidad Nacional para el mantenimiento de rutas se obtiene en gran parte por el SISVIAL, pero que a través del “déficit cero se produjo una desfinanciación del organismo». «Recortan inversión, frenan obras y preparan el terreno para justificar el achique», describieron desde el gremio política de Estado. Y concluyen: «Ajustan sobre las rutas, sobre los trabajadores y sobre el interior del país”.
