Mientras la población en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires crece sin freno —un 27,8% entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025, según datos oficiales, con el tercer censo popular de organizaciones sociales estimando entre 11.000 y 12.000 personas afectadas, muy por encima de los registros del gobierno—, un informe de la Auditoría porteña acaba de confirmar que el programa Buenos Aires Presente (BAP) operó durante 2024 con una brecha de cobertura escandalosa: se planificó asistir a 260.000 personas y se llegó apenas a 73.331, un desvío negativo del 71,8%. La reducción de personal, la ausencia de protocolos formales y los equipos que funcionaron sin agentes durante gran parte del año explican esa caída. La red de contención social para una situación dramática en ascenso, en los hechos fue vaciada.
El informe de la Auditoría porteña detalla el deterioro punto por punto, detallando que los equipos del BAP operaron con dotación reducida durante 2024, con turnos sin agentes. La Línea 108 —que según el Gobierno de la Ciudad atiende las 24 horas con más de 700 trabajadores y profesionales— registró un porcentaje de llamadas abandonadas del 12,33% en el primer semestre y de 8,22% en el segundo, más del doble del umbral máximo del 6% aceptable fijado por la propia gestión. Además, los protocolos de intervención carecen de tiempos estándar de respuesta, no existen registros sistemáticos ni actas de mesas intersectoriales con otras áreas del gobierno y el sistema digital de gestión no garantiza trazabilidad ni supervisión. En conjunto, el informe describe no un programa con dificultades operativas sino una estructura que en los hechos no funciona.
El perfil de quienes llegan a la situación de calle también cambió en el marco de un creciente aumento de los despidos y de los desalojos (muchos impulsados por el mismo Gobierno porteño de Jorge Macri). El Tercer Censo Popular registró que más de la mitad de las personas en esa situación la experimentan por primera vez y que el 38% lleva un año o menos en la calle. El Centro de Estudios Metropolitanos vincula directamente este crecimiento con la crisis habitacional y económica: la desregulación de los alquileres, los desalojos y la destrucción del empleo formal empujan a personas que hasta hace poco tenían trabajo y vivienda a perder ambos. Una parte significativa de quienes hoy duermen en la cvalle o en los paradosres está compuesta por ex trabajadores de la construcción —uno de los sectores más golpeados, con casi 66.000 empleos destruidos desde 2023— y trabajadores informales y cuentapropistas que no pudieron sostener sus ingresos.
La respuesta del gobierno porteño a este cuadro no fue reforzar la red de atención sino recortar la atención pública, en el marco de un acuerdo con el Gobierno de Javier Milei para reducir los gastos oficiales y reducir puestos estatales en CABA. Durante 2024, el lanzamiento del operativo porteño llamado «Orden y Limpieza» —que incluyó desalojos, confiscación de pertenencias y uso de la fuerza contra personas en situación de calle— generó un aumento del 2.137% en el labrado de contravenciones y un 500% más de hechos de violencia institucional, según datos del Ministerio Público de la Defensa. «El objetivo principal de la red es que ya nadie duerma en la calle», aseguró el Jefe de Gobierno, pero las publicaciones oficiales en redes sobre cómo se «limpiaba» a personas en situación de calle de la vía pública causaron repudio generalizado.
Si bien el informe de la Auditoría porteña abarca sólo el período 2024, la situación se agravó a lo largo de 2025, con una profundización del ajuste en CABA, una multiplicación de los desalojos y más recortes a diversos sistemas de servicio público porteño. A nivel nacional, el gobierno de Milei completó el cuadro en junio de 2025 transfiriendo por decreto la atención de personas en situación de calle a provincias y municipios, legitimando así un abandono total del rol del Estado nacional respecto de cualquiera de sus obligaciones en el tema.
Además, la red de atención a personas en situación de calle emplea a psicólogos, trabajadores sociales, operadores comunitarios y profesionales de la salud mental cuyos puestos se redujeron drásticamente junto con el presupuesto global para el programa. Y el deterioro de esa red impacta directamente sobre otros miles de trabajadores que perdieron su empleo y su vivienda y que necesitan contención para poder reinsertarse. El vaciamiento de los servicios sociales no es un problema abstracto de gestión pública sino la expresión más concreta de lo que significa recortar la presencia estatal para quienes más lo necesitan, especialmente en una situación económica y social cada vez más dramática.
