La orden hasta acá sigue siendo la misma. No aplicar la Ley de Presupuesto Universitario aprobada, a pesar de que el Congreso de la Nación lo validó en varias oportunidades e incluso proyectó de dónde podían surgir los fondos. Es más, la administración libertaria, recargada por el apoyo mayoritario logrado en octubre del año pasado, que les permitió mejorar su representación parlamentaria, intentará aprobar otra norma distinta que asfixie aún más la situación de las universidades de educación pública.
Hasta aquí las medidas de fuerza que vienen protagonizando los sindicatos del sector, con la decisión de llevar adelante un paro por tiempo indeterminado —una «trampa gremial» de difícil retorno, como la califican muchos dirigentes sindicales—, lejos de estar abriendo las puertas de una negociación o forzar al gobierno a rever su vaciamiento de las casas de altos estudios del sostenimiento estatal, están provocando un alto malestar entre los docentes y los estudiantes, rompiendo la unidad de la comunidad educativa.
De hecho, la salida en masa de docentes y el enojo del estudiantado, que critica a los gremios por no saber enfrentar de manera más efectiva el accionar del gobierno nacional, crece hacia una total pérdida de capacidad de protesta sindical, más allá de sus buenas intenciones y de ser avaladas de manera contundente por los hechos, que demuestran una pérdida brutal de los ingresos salariales y una caída enorme del aporte en infraestructura y otros insumos que permiten el funcionamiento de las casas de altos estudios.
«Si nosotros quisiéramos, como se nos acusa de cerrar las universidades, estos paros nos ayudarían. Hasta aquí son los propios gremios los que están haciendo que las universidades permanezcan cerradas con este plan de lucha», afirman quienes monitorean desde el oficialismo el conflicto con los docentes.
Al mismo tiempo, están convencidos de que el tema no está en la agenda social y apuestan a que una probable nueva marcha en defensa de las universidades públicas ya no tendrá el mismo acompañamiento de las anteriores. Incluso confían que no solo perderán capacidad de convocatoria entre los ciudadanos en su conjunto, sino que también disminuirá la presencia de estudiantes y de hasta los propios profesores.
El próximo 30 de marzo, habrá un nuevo encuentro de gran parte de los sindicatos de la actividad que también están siendo acompañados por los gremios no docentes, para analizar la continuidad del plan de lucha y convocar a una nueva movilización nacional. Al mismo tiempo, las universidades privadas ven cómo se acrecienta el fichaje de alumnos y las solicitudes de planes de becas para aquellos que tienen la mínima posibilidad de salvaguardar su educación terciaria, mientras la gran mayoría vivencian cómo se acaba o se demora a largo plazo la posibilidad de cursar en la históricamente reconocida universidad pública.
Paralelamente, miles de docentes hacen los números y las valijas y acrecientan el éxodo a las universidades privadas, que en muchos casos se sienten alentadas por la contratación de profesionales de la educación, ya con el actual paraguas que les ofrece la flexibilización laboral aprobada en el inicio del año legislativo.
