Luis María Lucho Cejas renovó por un nuevo período, como Secretario General al frente de la conducción de la Asociación de Viajantes Vendedores (AVVA), en medio de lo que definió como un escenario “extremadamente complejo, del mismo modo que le está ocurriendo a prácticamente todas las organizaciones sindicales que formamos parte del Movimiento Obrero”.
Durante el acto de asunción de autoridades, Cejas definió este hecho como “una herida en la columna vertebral de nuestra organización”, incluida dentro de la aprobación de la flexibilización laboral en el Congreso Nacional. Así, volvió el intento de anulación del convenio del sector –Estatuto del Viajante–, que se aplicaría a partir del 1ro de enero del año próximo.
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“No me cabe ninguna duda de que, junto a todo este Consejo Directivo, vamos a saber enfrentar este avasallamiento a nuestras conquistas y a los derechos de los trabajadores y las trabajadoras Viajantes de todo el país”, manifestó Cejas, como mandato central de su nueva gestión.
En verdad, los Viajantes Vendedores, representados por AVVA y por la Federación FUVA en todo el territorio nacional, ya lograron este mismo objetivo, “frenando el primer intento de avasallamiento de la administración libertaria”, cuando el gremio impidió su intento de aprobación en los inicios de la gestión de Milei.
En ese momento, luego de una extensa negociación con los senadores y diputados que conformaban el Poder Legislativo, el sindicato y la Federación lograron un respaldo mayoritario, impidiendo que avanzara “este mismo proyecto antisindical”, incluido dentro de la así llamada Ley Bases.
“Debemos seguir sumando fuerzas para enfrentar a este gobierno que tanto mal le ha hecho a los trabajadores y las trabajadoras”, destacó Cejas. “Ahora recorreremos también el camino de la justicia, tal como lo está haciendo la CGT, que ya logró un primer fallo favorable contra la reforma laboral aprobada recientemente”, resaltó.
“Este Consejo Directivo hará todo lo que sea necesario para impedir la derogación de nuestro Estatuto”, concluyó, advirtiendo que “generaría la desaparición de una actividad profesional, dejando sin defensa a más de 20 mil trabajadores en relación de dependencia en todo el país”.
