A horas de que se cumpla el plazo para promulgar las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica recientemente aprobadas por el Congreso de la Nación, el presidente Javier Milei cumplió con lo que había anticipado y vetó ambas iniciativas. Tanto desde el sector universitario como del de la salud se anunciaron inmediatas medidas de fuerza en rechazo a la decisión presidencial. En las primeras horas de la mañana de este jueves aún se mantenía la incertidumbre respecto de si habrá veto o no para la ley de reparto automático con las provincias de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), un reclamo de los gobernadores que Casa Rosada también había prometido rechazar pero que continúa negociándose en el marco de debilidad del oficialismo tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires del pasado domingo.
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Tras conocerse el veto (el segundo, ya que en 2024 Milei ya vetó una ley similar) a la ley de financiamiento universitario, las organizaciones de docentes y no docentes universitarios, organizados en el Frente Sindical Universitario (que agrupa a las organizaciones gremiales de los trabajadores de las altas casas de estudio nacionales, incluyendo a CTERA, FAGUDT, CONADU, CONADU histórica, FEDUN, FATUN y UDA, entre otras) anunciaron que las universidades nacionales de todo el país irán al paro este viernes 12 de septiembre. También se confirmó que se hará una convocatoria para una nueva Marcha Federal Universitaria para el día en que se aborde el tratamiento de los vetos en el Congreso (posiblemente el 24 de este mes). El rectorado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) también convocó a una conferencia de prensa para este jueves a las 12 en el Consejo Superior.
Desde los gremios se sostiene que el Gobierno “continúa sin escuchar lo que el pueblo argentino le demanda sobre la importancia de la educación pública”. También se denuncia la “crítica situación salarial” de los trabajadores universitarios y se alertó por el crítico déficit presupuestario del sistema universitario y el deterioro laboral que constituyen un riesgo para el normal funcionamiento de la educación superior. “El año pasado perdimos más del 50% del poder adquisitivo frente a la inflación, y este año, con aumentos del 1% mensual, seguimos perdiendo frente a una inflación mucho mayor. Cada mes estamos peor”, detallaron.
El decreto 647/2025, publicado en el Boletín Oficial, justifica el veto afirmando que la ley aprobada “no cumple con los recaudos legales” requerido y que “la fuente de financiamiento prevista a través del artículo 9° del Proyecto de Ley registrado bajo el N° 27.795 es manifiestamente insuficiente y, además, no configura una fuente real de financiamiento”. En cuanto al veto de la Ley de Emergencia Pediátrica o Ley Garrahan, el Gobierno defendió el veto argumentando la necesidad de defender el “equilibrio fiscal” y evitar lo que definió como un “aumento desmedido e irresponsable del gasto público”. Específicamente, afirmaron que la ley “carece de un financiamiento genuino”, tiene una “redacción ambigua que fomenta la arbitrariedad”, “profundiza distorsiones salariales, compromete programas esenciales, erosiona la coparticipación federal y pone en jaque la estabilidad presupuestaria de la Nación y de las provincias”.
Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan habían anticipado medidas de fuerza si el veto se producía, incluyendo la convocatoria a una Marcha Federal de la Salud el día en que el Parlamento trate los vetos presidenciales, que confluirá con el reclamo universitario. Este lunes se convoca a una conferencia de prensa frente al Congreso, con gremios universitarios, para «reclamar a diputados y senadores que traten y rechacen de forma inmediata cualquier veto presidencial».
