El Gobierno nacional intenta avanzar con la reforma laboral por sectores, empezando con la industria textil. Durante la tarde de este martes, el ministro de Producción y Trabajo Dante Sica presentará a empresarios y gremialistas un paquete de medidas de flexibilización en sintonía con las sugerencias en esa materia del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Desde el sector empresario, uno de los principales apoyos para el proyecto proviene de Daniel Awada, dirigente de la Cámara de la Indumentaria y cuñado del presidente Mauricio Macri. Los gremios textiles, por su parte, ya adelantaron su intención de rechazar cualquier tipo de flexibilización. El grueso de los empresarios reclama poner la atención en otros problemas más urgentes para un sector duramente golpeado por la recesión, el aumento de costos productivos, la apertura indiscriminada de importaciones y la caída de ventas en el mercado interno.
El encuentro se llevará adelante a partir de las 14 en la sede de la cartera de Producción, con la presencia del secretario de Trabajo, Lucas Fernández Aparicio, responsable de las reuniones previas de la “mesa sectorial”. Allí se buscará un consenso en torno al llamado Acuerdo Compromiso por la Producción y el Empleo de la Industria Textil e Indumentaria.
Las medidas presentadas allí apuntan a reducir los aguinaldos e indemnizaciones (con la creación de un fondo de cese laboral), flexibilizar las jornadas laborales y las vacaciones creando un “banco de horas” (otro elemento presente en el proyecto de reforma laboral elaborado por el Gobierno hace dos años), y regularizar el trabajo a domicilio, puntos que no figuran en la agenda más prioritaria de los empresarios del sector, que se manifestaron sorprendidos por la rapidez con que el oficialismo pretende avanzar en esta reforma laboral.
Los empresarios del sector vienen reclamando al Gobierno sobre todo créditos blandos y subsidios para pagar salarios, rebajas en la tasa de interés, en los impuestos y en las tarifas, y una eventual protección del mercado interno que absorbe el 98% de la producción del sector. De estos reclamos participaron tanto la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) y la Fundación Protejer, como la Asociación Obrera Textil (AOT), el Sindicato de Empleados Textiles (Setia), el gremio del vestido (Soiva) y la Unión de Cortadores de la Indumentaria (UCI).
El acta que se discutirá hoy plantea: “Ambos actores reconocen la necesidad de que el gobierno dicte en forma urgente una norma o decreto, reconociendo la posibilidad de disponer colectivamente sobre los siguientes institutos laborales”. Siguiendo los lineamientos de la regresiva reforma laboral brasileña, la propuesta de crear un banco de horas habilita a compensar la extensión de la jornada laboral (hasta a 10 horas) con menos horas laborales en los períodos de baja producción, evitando el pago de horas extras.
En cuanto al “fondo de cese laboral”, apunta a evitar que sea el empleador quien cargue con el pago de las indemnizaciones por despido creando un sistema de capitalización de fondos para un despido “asegurado”. Según la redacción de 2017, además se reducían los montos indemnizatorios ya que dejaban de calcularse compensaciones y otros rubros en el total a pagar.
Abogados laboralistas ya plantearon objeciones legales al proyecto, destacando que la ley de contrato de trabajo establece un piso en materia de regulación laboral “que solo puede mejorarse por los convenios colectivos”. El piso para las indemnizaciones se encuentra establecido por ley y las negociaciones colectivas pueden mejorarlo pero no reducirlo. En el mismo sentido, se objeta la perspectiva de aumentar el límite de horas semanales y mensuales, que también se encuentran fijados legalmente y se afirma que “no puede no pagarse” el trabajo por encima de ese límite.
