La crisis del empleo en Argentina muestra su cara más dramática en el sector juvenil y femenino, aunque sus consecuencias se extienden a toda la clase trabajadora. Los datos acumulados de los últimos meses muestran una cada vez más preocupante combinación de desempleo estructural, informalidad masiva y un deterioro del poder adquisitivo tan profundo que ya impacta sobre algo tan básico como la alimentación durante la jornada laboral.
En materia de empleo juvenil, los números oficiales son contundentes. La tasa de desocupación de los jóvenes entre 14 y 29 años alcanzó el 13,1% en el cuarto trimestre de 2024, mientras que para los adultos de 30 a 64 años se ubica en 4,5%: los jóvenes enfrentan un desempleo que triplica al de los adultos. Si se toma el rango etario de 15 a 24 años que utiliza la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la tasa de desempleo juvenil en Argentina es del 19%, frente a un promedio global del 13%, lo que ubica al país por encima de naciones similares de la región.
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El problema no es solo la falta de trabajo: casi siete de cada diez jóvenes ocupados trabajan en condiciones informales, sin aportes jubilatorios, sin aguinaldo o vacaciones, sin estabilidad y sin protección social de ningún tipo. En los barrios populares la situación es aún más extrema: el 43% de los jóvenes de esos territorios trabajó por primera vez a los 15 años o antes, y el 90% de los que logran obtener un empleo lo hace en situación de informalidad.
Frente a este panorama, el Gobierno porteño organizó en 2025 su Expo Empleo BA, presentada como una gran oportunidad de inserción. En la previa barrial del evento, realizada en Nueva Pompeya, Balvanera, Caballito, Microcentro y Palermo, participaron más de 22.000 personas, de las cuales menos de 3.000 consiguieron trabajo. Es decir, menos de uno de cada siete asistentes logró una inserción efectiva. La edición central de la Expo Empleo BA se realizó en el predio de La Rural con 90 empresas y más de 1.700 ofertas laborales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cifra que por sí sola resulta insuficiente para la magnitud de la demanda. Las ferias de empleabilidad —que ofrecen talleres de CV, charlas sobre «habilidades blandas» y orientación vocacional— reproducen la lógica de individualizar el problema del desempleo, presentando como déficit personal lo que no es más que un problema estructural de un mercado que no genera trabajo formal en cantidad ni en calidad.
Para los que sí trabajan, el deterioro de las condiciones materiales llegó a un punto inédito. Un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, publicado esta semana, reveló que el 83,5% de los trabajadores asalariados formales enfrenta algún tipo de vulnerabilidad alimentaria durante su jornada laboral; el 61,1% admitió haberse salteado alguna comida por falta de recursos, y la situación es especialmente grave entre los más jóvenes: el 70,7% de los trabajadores de 18 a 29 años omite comidas, un ajuste forzado por los salarios iniciales más bajos. El sector público evidencia una fragilidad alarmante: el 70% de los empleados estatales padece ambas formas de inseguridad alimentaria —comer menos y comer peor—, frente al 50,3% de los del ámbito privado. En la Argentina de 2026, tener un empleo en el ámbito privado ya no garantiza poder comer durante el horario de trabajo.
Este cuadro general no puede disociarse de la caída del salario real. Como documentó un reciente informe de CEPA, la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores registrados desde la asunción de Milei llega al 16,5% si se aplica la metodología de medición actualizada (más del doble de lo que reconoce el Gobierno con su IPC manipulado).
