Tal como denunció el Sindicato de Empleados de la ex Caja de Subsidios Familiares para el Personal de la Industria (SECASFPI), que encabeza Carlos Ortega, la administración libertaria estaba por anunciar «hasta 2500 despidos» en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), con consecuencias de «fuerte impacto laboral sobre el organismo», poniendo también «en riesgo al conjunto del sistema previsional».
Ahora ya se conoce que la metodología de lo que el gremio viene denunciando como «un vaciamiento del Anses» se hará a partir de la «fresquita» resolución 68/2026, publicada en el Boletín Oficial y prevista en la así llamada Ley de Modernización Laboral, a través de un Plan de Retiros Voluntad Recíproca (RVR), que los gremios de actividad en el Estado denuncian como «despidos encubiertos», por la presión que se ejerce hacia los empleados de la función pública para «empujarlos» a este mecanismo de expulsión laboral.
Esta renovada iniciativa en versión 2026 «se inscribe dentro de las políticas de reducción del gasto público», según fuentes del oficialismo gobernante. En este caso, según se explicita, «el acuerdo deberá presentarse ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO), para su ratificación y homologación», estando dirigido a «empleados del organismo previsional que cuenten con apenas más de dos años de antigüedad».
Asimismo, se aclara, en algunos casos con estipulaciones no carentes de obviedad, que «quedan excluidas las personas que ya hayan iniciado su trámite jubilatorio o presentado su renuncia», o quienes superen los 62 años, o «empleados con litigios laborales pendientes, salvo que desistan de las acciones judiciales».
Paralelamente, en un nunca faltante enfoque gremial, se especifica que «los trabajadores con mandato sindical vigente deberán renunciar previamente a su cargo y a la tutela sindical para poder participar del programa», con presentación ante la Dirección de Relaciones Sindicales.
Se cumple así lo anticipado por la conducción de SECASFPI, que alertaba de la puesta en práctica de «reformas del Estado», impulsadas durante la década del 90 con «un desgaste progresivo del organismo a través de recortes administrativos y de reducción de sus funciones».
El sindicato también recordó que, desde el inicio de la gestión La Libertad Avanza, ya se produjeron alrededor de 1.300 despidos en ANSES. Según el gremio, esas cesantías incluyeron «casos de discriminación sindical», por lo que se impulsaron denuncias ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde obtuvieron un fallo favorable en primera instancia en una causa vinculada con esas denuncias. Con ese antecedente, el gremio no descarta, además de ejercer la función sindical, continuar recorriendo paralelamente el camino de las presentaciones judiciales.
