Esta semana el Gobierno nacional de Javier Milei dispuso avanzar con la desregulación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), eliminando por toda una serie de potestades del organismo, que le permitían intervenir en tareas vinculadas con el control de precios, las garantías de calidad y la promoción productiva. Los productores yerbateros advierten sobre la devastastación que la decisión implica para toda una economía regional, poniendo en riesgo a miles de pequeños productores y a pueblos enteros que dependen de la producción yerbatera.
El INYM fue creado en 2002, luego de la mayor protesta agraria de la historia de los productores yerbateros de Misiones, con el objetivo de mediar entre los reclamos de miles de pequeños productores y una industria procesadora hiperconcentrada, que pagaba precios de miseria por el kilo de hoja, especialmente cuando hay sobreoferta. La eliminación de las facultades del organismo implica volver al esquema anterior y, según denuncian los damnificados, implica un “certificado de defunción de 12.500 pequeños productores yerbateros”. Jonás Petterson, productor de Andresito y exdirector del INYM, resumió: “Se vienen tiempos muy caóticos y muy críticos. Como sucedió en los años 90, ya empezaron los cheques sin fondo y empezaron a desaparecer algunas empresas, incluso industrias que acompañaron este cambio”.
El Decreto 812/2025, publicado en el Boletín Oficial a inicios de la semana, modifica el Decreto Reglamentario 1.240/2002 del INYM introduciendo modificaciones en las atribuciones del organismo (siguiendo lineamientos del polémico DNU 70/2023). Según confirmó la Secretaría de Agricultura, en el nuevo esquema propuesto para el mercado yerbatero, el Instituto dejaría de intervenir en la fijación de precios o la competencia entre los diversos actores privados. También se desregula el calendario de cosecha, que hasta el momento prohibía que se realice en los meses de octubre y noviembre, buscando cuidar los yerbales y permitir la regeneración de los mismos.
La justificación oficial sostiene que el objetivo es que el organismo no limite el funcionamiento competitivo del mercado, por lo que ahora el INYM ya no podrá dictar normas o intervenir con medidas que distorsionen los precios de mercado, generen problemas para el ingreso de importaciones o limiten la libre iniciativa privada y el funcionamiento de los mecanismos de oferta y demanda. En el decreto se le otorga al Instituto un plazo de 30 días para adecuar toda su normativa a estas premisas.
El ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, resumió: “El Decreto 812/25 con firma de Javier Milei, Manuel Adorni y Luis Caputo, que reglamenta la ley 26.564, le pone un fin a las regulaciones de precios y cantidades de la producción de yerba mate. Por años se usó un ente público (el INYM) para cartelizar un mercado competitivo perjudicando al consumidor”. Y agregó: “A partir de ahora el INYM deberá focalizarse en la calidad y la promoción, no en ser un interventor de precios y de restricción a la producción, asimilándolo al modelo del INV (Instituto Nacional de Vitivinicultura) que logró posicionar exitosamente a la industria argentina del vino a nivel global”.
Además de los reclamos de los productores, también el gobernador misionero Hugo Passalacqua, cuestionó: “Ante las nuevas medidas oficializadas hoy por el gobierno nacional en torno al Instituto Nacional de la Yerba Mate, nos sentimos en la obligación de reiterar nuestro llamado de atención sobre los riesgos de mayor concentración en el sector. Es, fue y será siempre nuestra prioridad cuidar a toda la familia yerbatera: productores, tareferos, cooperativas e industrias. Solo un mercado equilibrado garantiza que todos puedan vivir de su trabajo”.
El impacto de esta profunda desregulación no sólo afectará a los pequeños productores, que quedarán cada vez más subordinados a vaivenes de la importación y a la ambición de los grandes conglomerados acopiadores (que ahora podrán pagar monedas por la hoja, generando una devastación sin límites para una economía regional de la que dependen pueblos enteros de Misiones), sino también a los propios trabajadores del INYM, que hoy son 80. El organismo, hoy acéfalo, se viene desfinanciando sistemáticamente desde la asunción del nuevo gobierno, que nunca actualizó el valor de la estampilla en cada paquete de yerba, que es la fuente de financiamiento del mismo, que continúa en los 25 pesos fijados en 2023.
