Después de que la semana pasada el Gobierno nacional de Javier Milei decidiera intervenir, con dudosos argumentos, la gestión del puerto de Ushuaia, hasta hace pocas horas en manos de la provincia de Tierra del Fuego, la Mesa Sindical salió a cuestionar en duros términos la decisión oficial, en tanto “avasalla la autonomía provincial y vulnera el federalismo consagrado en la Constitución”. Además de tender una mano de incertidumbre sobre cientos de puestos de trabajo, la decisión nacional plantea numerosas preocupaciones respecto de amenazas a la soberanía nacional.
Después de un operativo inesperado durante la madrugada del 21 de enero, justificado por el presunto descubrimiento de irregularidades administrativas, con la participación de fuerzas de seguridad y supuestamente legitimado por una resolución de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) que decreta una intervención por doce meses, el puerto de Ushuaia fue tomado por el gobierno nacional, impidiendo el normal acceso de los trabajadores a sus puestos de labor.
La Mesa Sindical, integrada por más de 50 gremios, “rechazó” esta intervención nacional, denunciando que avasalla ”la autonomía provincial y los principios de federalismo que sostiene nuestra Constitución Nacional”. A partir de ahora, el cobro del uso del muelle comienza a percibirlo la Nación, lo que implica una masiva pérdida de recursos para la provincia, especialmente en momentos como el actual, en el que hay récord de recaladas y operaciones, especialmente de cruceros turísticos. Esto, según denunciaron, “pone en duda la estabilidad y las condiciones laborales de los trabajadores portuarios a quienes les enviamos nuestra más profunda solidaridad”.
El operativo nacional sobre uno de los pocos puertos provinciales que existen en la actualidad generó sospechas de todo tipo, tanto en lo que hace al interés económico de Nación, como a que esta acción constituya el primer paso para un objetivo privatizador del puerto, como advirtieron desde la Mesa Sindical. Además, el colectivo gremial recordó que, “teniendo en cuenta la actual política exterior que mantiene el Gobierno nacional, en tándem permanente con los intereses globales de EEUU y Gran Bretaña, no se puede descartar que pueda ser un primer paso para una mayor injerencia de esas potencias en nuestro territorio y un acercamiento a sus apetencias coloniales sobre la Antártida”.
En consideración a estos factores, la Mesa Sindical exigió “información transparente” sobre los motivos de la intervención, una medida que, “a todas luces, aparece como una presión hacia una gobernación provincial no alineada con las políticas oficiales y que puede tener consecuencias de mayor gravedad en el plano geopolítico global”. Para terminar, enfatizaron que la zona constituye un “territorio apetecible para las potencias” por lo que “no podemos debilitar nuestra presencia efectiva en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur con acciones de medianoche”.
Esta preocupación sobre un avasallamiento de la soberanía nacional se alinea completamente con los planteos del Centro de Ex Combatientes de Ushuaia, cuyo presidente, Juan Carlos Parodi, denunció la gravedad de una intervención que además no consultó ni a las autoridades locales ni al Congreso. Según explicó, el hecho se agrava por las declaraciones oficiales respecto de las intenciones del gobierno de Milei de autorizar la instalación de una base naval integrada en Ushuaia, en articulación con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Al respecto, Parodi concluyó: “Si se hiciera algo en conjunto con otro Estado, eso debería pasar por el Congreso. Es una cuestión de defensa nacional. Si eso pasa sin intervención del Congreso, estamos en un problema mucho más grave”.
