En las últimas horas la Asociación del Personal Legislativo (APL) se declaró en estado de alerta y movilización, expresando su «más enérgico repudio» a una serie de «maniobras espurias y violentas» presuntamente impulsadas por la presidenta del Senado Victoria Villarruel para, según afirmaron, desarticular la Dirección de Personal y presionar por la renuncia de una funcionaria de larga trayectoria que además cuenta con inmunidad gremial.
El gremio encabezado por Norberto Di Próspero cuestiona a la Directora General de Recursos Humanos (RR.HH.) Alejandra Figini y a la Directora de Auditoría María Eugenia Tasende (presuntamente bajo mandato de la vicepresidenta Victoria Villarruel), acusándolas de llevar adelante «aprietes y amenazas» y «prácticas fascinerosas» contra la directora de Personal Mónica Nieto, activista sindical con más de 20 años de antigüedad en los tribunales de Comodoro Py. Según detallaron, ante la resistencia de Nieto para abandonar su cargo fue notificada de una modificación en la estructura organizativa del Senado (por medio del Decreto 1388/02) que directamente suprime la Dirección de Personal y sus subdirecciones.
La APL repudió los decretos de Villarruel para despedir a casi 60 trabajadores del Senado
APL sostiene que esta maniobra apunta a «manejar directamente las competencias del área», buscando así «concentrar el poder en la denominada ‘Super Directora General de RR.HH.'». En este sentido, se recuerda que la estabilidad laboral se encuentra garantizada por la Constitución Nacional, la Ley 23.551, el Convenio OIT N° 151, así como también por la Recomendación N° 159. En consideración a estos hechos, se denunció que este tipo de maniobras por parte de las funcionarias denunciadas «no son nuevas en la Casa, configurando ya un modus operandi destinado a generar miedo e incertidumbre para empujar a trabajadores a tomar decisiones contra su voluntad. Estas prácticas, además de constituir un grave acto antisindical, implican un verdadero hostigamiento laboral».
Aunque esta situación se retrotrae a algunos meses, la denuncia del gremio se hizo pública este lunes, anticipando que tras el fortalecimiento del oficialismo en las elecciones, se buscará consolidar la grave situación denunciada, abriendo la puerta a otra serie de desvinculaciones de personal. Por eso, además de exigir la «remoción» de las funcionarias denunciadas, el gremio intimó a la dirección del Senado a implementar «políticas para que se abstengan de ejercer conductas contrarias a la ética, la lealtad y la buena fe», anticipando que, de no encontrar respuestas positivas a este reclamo, se avanzará con acciones gremiales y judiciales.
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