Unas 30 clínicas y sanatorios de Neuquén, Río Negro, Chubut y La Pampa suspendieron desde este lunes las consultas médicas, prácticas y procedimientos ambulatorios para los afiliados al PAMI. La medida afecta a unos 300.000 jubilados y pensionados de la región y es la respuesta a un atraso acumulado en los aranceles de la obra social de jubilados que, según los prestadores, ronda el 70% respecto de la inflación desde diciembre de 2023. Desde la semana pasada ya estaban suspendidas las cirugías programadas; ahora solo se garantizan urgencias y emergencias. Si no hay recomposición, advierten que desde la primera semana de mayo el recorte alcanzará también a las guardias.
Los números del conflicto son contundentes. Desde el inicio de la gestión Milei, los aranceles que abona el PAMI a los prestadores aumentaron un 130%, mientras que la inflación acumulada en el mismo período superó el 290%. Para igualar esa brecha haría falta una suba adicional del 70%, según precisó el gerente del Sanatorio Juan XXIII de General Roca. Las instituciones llegaron a este punto luego de absorber el déficit durante meses mediante falta de mantenimiento, retraso en la renovación de equipos, demoras en el pago de sueldos y atraso impositivo. «No cubrimos costos y las brechas son insalvables», sintetizó el directivo rionegrino.
Detrás del conflicto con los prestadores hay una disputa presupuestaria más amplia. El director del PAMI, Esteban Leguizamo, dependiente del cuestionado ministro de Salud, Mario Lugones, mantiene un diálogo con las clínicas que los propios prestadores describen como formalmente amable, pero sin resultados concretos. El problema de fondo es que el ministro Caputo demora los aportes que el Gobierno nacional realiza a la obra social, lo que deja al organismo en una situación de «estrés presupuestario» —en los propios términos del PAMI— para hacer frente a sus obligaciones. A esto se suma la caída de los ingresos genuinos del organismo por la recesión, que generó morosidad en los aportes patronales y una reducción de los pagos al sistema.
Para los afiliados que no se encuentren ante una urgencia o emergencia, la situación es grave: o pagan como pacientes particulares o resignan sus turnos por tiempo indeterminado. Esto implica que consultas con especialistas, estudios de diagnóstico por imágenes, cardiología y endoscopías quedan fuera de la cobertura en las provincias afectadas. En Neuquén, la deuda acumulada con los prestadores supera los mil millones de pesos. Los trabajadores de salud de las clínicas también sienten el impacto: dado que los pagos del PAMI representan cerca del 50% de los ingresos de estas instituciones, los retrasos se trasladan directamente a demoras en el pago de salarios.
Datos oficiales: los salarios registrados perdieron poder adquisitivo por sexto mes consecutivo
El PAMI emitió comunicados garantizando que la atención está asegurada y mencionó transferencias parciales y mesas de diálogo, pero los prestadores consideran esos montos como insuficientes frente a la deuda total. La situación en la Patagonia puede ser la punta de un iceberg, porque en los últimos días también la Asociación de Clínicas Privadas de Córdoba ya manifestó un estado de alerta similar y, si el conflicto no se resuelve, otras provincias como Buenos Aires y Santa Fe podrían sumarse al corte.
