En el marco del reclamo por la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, que el Gobierno de Javier Milei sigue incumpliendo pese a haber sido votada cuatro veces en el Congreso y contar con varios fallos judiciales a favor, trascendió que los rectores podrían avanzar con un pedido de embargos sobre el patrimonio de los funcionarios responsables de la violación de la ley. En paralelo, se confirmó la convocatoria a una nueva marcha federal en defensa de la educación superior para el próximo 12 de mayo.
Desde el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, ordenó al Gobierno Nacional, que conduce Martín Cormick, que falló en primera instancia a favor del reclamo presupuestario y salarial de las universidades, trascendió que los rectores “podrían ir más fuerte“, en referencia a al recurso legal de reclamar un embargo de las cuentas de los funcionarios responsables de no garantizar el cumplimiento de la ley.
Tras un amparo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rectores, avalado por la Justicia en los últimos días (que ordenó el cumplimiento «inmediato» de la ley), el vencimiento del plazo para cumplir con las transferencias a las que obliga la ley y las nuevas maniobras dilatorias del oficialismo, los rectores podrían avanzar en las próximas horas con el planteo de embargo.
En ese marco de disputa judicial, más las medidas de fuerza que los distintos gremios docentes y no docentes, junto con organizaciones estudiantiles, vienen llevando adelante en los últimos meses, el CIN confirmó que el próximo 12 de mayo se realizará en la Plaza de Mayo una nueva Marcha Federal por la educación, la universidad pública y la ciencia nacional, que ya se anticipa como masiva. Se trata de la cuarta movilización de este tipo desde el inicio del gobierno de Milei, con las tres previas que tuvieron niveles multitudinarios de adhesión en todo el país.
Un reciente estudio de mediados del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en base a datos oficiales, muestra que, en comparación con 2023, el presupuesto universitario vigente presenta un ajuste de casi el 30%, que en los próximos meses llegaría al 45,6%. En ese mismo período, los salarios de los trabajadores de las universidades cayeron 43,2% y los gastos de funcionamiento se ajustaron 57,1%.
