Pese a todos los intentos del Gobierno nacional de cambiar la agenda, el tema de la corrupción de sus funcionarios sigue instalado en el centro de las noticias desde hace dos semanas. En el marco de novedades en el caso Libra que comprometen más al propio Presidente Javier Milei y las sucesivas denuncias sobre posible enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete Manuel Adorni, en los últimos días se difundieron también informaciones que dan cuenta de la entrega de millonarios créditos hipotecarios del Banco Nación para altos funcionarios y legisladores de la administración libertaria, que ya derivaron en una causa penal y profundizan la crisis oficial.
Las denuncias contra Adorni por presunto enriquecimiento ilícito ya derivaron en causas penales, por lo que durante el fin de semana el funcionario contrató a uno de los estudios legales más caros del país para su defensa. El escándalo comenzó con la adición de su esposa, la coach ontológica Julieta Angeletti, al vuelo presidencial a Estados Unidos, tras lo que se difundieron imágenes sobre un vuelo privado a Punta del Este y luego se confirmó otro vuelo vacacional a Aruba. A estos ya de por sí injustificables gastos respecto de sus ingresos, se les sumaron sospechas por la propiedad de varias propiedades. Desde una suntuosa casa en el country Indio Cuá hasta la reciente compra de un departamento en Caballito, valuado en cerca de 400 mil dólares, pero que el funcionario adquirió por poco más de 200 mil, mediante un préstamo ultrasospechoso realizado por las mismas propietarias del inmueble, personas cuyo poder adquisitivo no parece compatible con esas operaciones.
Pese a sus afirmaciones de que no hay irregularidades, las sospechas de que estos movimientos no condicen con su patrimonio declarado motivaron presentaciones judiciales por parte de organizaciones y legisladores opositores que piden que se investiguen no solo posibles «dádivas», sino también un presunto enriquecimiento ilícito. Pese a todo, Milei decidió defender al Jefe de Gabinete, montando una escena de apoyo público, con abrazo incluido, durante los actos de recuerdo del 2 de abril.
Esta actitud de defensa cerrada de un funcionario fuertemente sospechado contrasta con la que tomó la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, que decidió pedirle la renuncia a su jefe de Gabinete Leandro Massaccesi, por haber tomado un sospechoso préstamo hipotecario de 420 millones de pesos del Banco Nación. El escándalo de las decenas de créditos a funcionarios y legisladores libertarios (incluyendo al ex tuitero Juan Pablo Carreira, conocido como Juan Doe en X, hoy director nacional de Comunicación Digital), más allá de numerosos pedidos de informes y de aclaración, ya derivó en dos denuncias penales, una del abogado Alejandro Díaz Pascual contra el expresidente del Banco Nación Daniel Tillard y el superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central Juan Ernesto Curuchet, por los presuntos delitos de «defraudación por administración fraudulenta», «defraudación contra la administración pública», «abuso de autoridad» y «violación de los deberes de funcionario público».
La otra denuncia fue presentada por la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade y por su par Esteban Paulón, quienes, además de Tillard, denuncian a Emiliano Mongilardi (director de YPF), Federico Furiase (secretario de Finanzas), Pedro Inchauspe (director del Banco Central), Pedro Núñez (director del BICE) y los diputados de La Libertad Avanza Mariano Campero, Lorena Villaverde, Santiago Santurio y Alejandro Bongiovani. A pesar del escándalo, la primera línea del Gobierno salió a defender a los sospechados. El ministro de Economía, Luis Caputo, varios de cuyos hombres más cercanos integran la lista de denunciados, trató de minimizar el tema asegurando que los créditos se tomaron en igualdad de condiciones respecto del ciudadano común.
