Mientras no paran de crecer las denuncias por diversos hechos de corrupción de funcionarios del Gobierno de La Libertad Avanza (LLA), incluyendo al cada vez más comprometidojefe de Gabinete Manuel Adorni, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) lanzó esta semana una medida de protesta inédita en respuesta al escándalo por los millonarios créditos preferenciales del Banco Nación a funcionarios y allegados del Gobierno de Javier Milei: movilizó a más de 1.000 delegados y afiliados de todo el país para que concurran a las 709 sucursales de la entidad y soliciten préstamos con las mismas condiciones que recibieron los postulantes del oficialismo. “Queremos los mismos montos, las mismas tasas y los mismos plazos eternos de financiación que tuvieron los funcionarios y allegados a La Libertad Avanza”.
La iniciativa surgió después de que se viralizaran datos de la Central de Deudores del Banco Central, que revelaron que funcionarios, legisladores y militantes de LLA accedieron a créditos hipotecarios de entre 100 y 530 millones de pesos —equivalentes a hasta 350.000 dólares—, montos que en la mayoría de los casos no se condicen con los ingresos declarados por sus beneficiarios. Entre los favorecidos figuran miembros del directorio del Banco Central, directores de YPF, el director de Comunicación Digital del Gobierno Juan Pablo Carreira (antes conocido como Jhon Doe, en su etapa de tuitero oficialista) y, entre otros, los diputados libertarios Alejandro Bongiovanni, Mariano Campero y Lorena Villaverde —esta última investigada por presuntos vínculos con el narcotráfico—, además de Sharif Menem, asesor de 24 años con su primer empleo en blanco.
«No vinieron a destruir el Estado, vinieron a servirse de él», sintetizó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, en la reunión del Consejo Directivo que se realizó este jueves en el hotel gremial 27 de Junio, del barrio de San Telmo. El dirigente cuestionó abiertamente la contradicción entre el discurso de austeridad del gobierno de Javier Milei y la apropiación de recursos públicos por parte de su propia tropa: «Pensar que el Gobierno nos hizo creer que el Estado tenía que desaparecer para terminar con los privilegios de la casta y son los propios funcionarios y diputados de LLA los que están desesperados por hacer guita con los aportes de todos los contribuyentes». “Esta gente nos dijo que el Estado tenía que desaparecer y son los funcionarios de la propia LLA los que están desesperados por hacer guita con el Estado”, añadió.
Aguiar también señaló una irregularidad de fondo: a los beneficiarios de los créditos millonarios no se les exigió el requisito de estabilidad laboral que se le aplica a cualquier ciudadano común, un tema particularmente relevante considerando que los funcionarios pueden ser removidos en cualquier momento o que con el posible cambio de administración de 2027 podrían cesar en sus cargos. El caso del exjefe de Gabinete de Capital Humano, Leandro Massaccesi —que obtuvo un crédito y fue despedido días después—, ilustró con crudeza esta anomalía.
El escándalo ya derivó en una denuncia penal presentada por la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade, quien pidió a la Justicia federal que investigue posibles delitos de tráfico de influencias y administración fraudulenta, en una causa que está siendo analizada por el fuero federal. Mientras tanto, el gobierno intentó contener el daño: el Banco Nación emitió un comunicado sosteniendo que el proceso de otorgamiento es «homogéneo, sin excepciones» y el ministro de Economía Luis Caputo salió a defender los préstamos afirmando que él mismo los recomendó a funcionarios y amigos. Sin embargo, la existencia desde 2024 de una línea específica para empleados del sector público —con condiciones más favorables que las del resto de los clientes— contradice la versión oficial de igualdad de trato. Para ATE, el contexto lo dice todo: «Estos créditos se otorgaron sobre el sufrimiento de los comerciantes que tuvieron que bajar sus persianas, los jubilados que vieron reducidos sus haberes y los trabajadores cuyos salarios fueron destrozados», concluyó Aguiar.
