Dependiendo de los datos que se apliquen de las publicaciones oficiales que brinda el propio INDEC, aún con mediciones en proceso cambio estadístico, debido a la falta de consideración de mayor preponderancia a los gastos en consumos mínimos de la canasta básica alimentaria y los servicios necesarios para el hogar y el transporte, sumado a la educación y salud, el tope de $ 341 mil, que determinó la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS), se ubica por debajo de la línea de pobreza e incluso del límite que marcan los ingresos para no estar en situación de indigencia. De hecho, los últimos cálculos de organismos nacionales estipulan la línea de la indigencia en $578 mil y de pobreza en algo más de un millón doscientos cincuenta mil.
En cuanto a los requisitos se exige que sean casos de despidos sin causa, o por la finalización de contratos y el cierre de actividades. Además debe tratarse de empleos registrados y con aportes realizados actualizados con un mínimo de seis meses dentro de los tres años anteriores a la desvinculación, salvo casos específicos establecidos por los convenios colectivos como el «personal eventual o de temporada», o las normas que rigen en la actividad rural y de la construcción, entre otras.
El trámite para la solicitud puede realizarse de manera virtual o presencial con documentación que acredite datos personales, trayectoria laboral comprobada, entre otros requisitos. Todo luego de ser presentado, queda en observación y estudio del organismo para determinar si corresponde otorgar el beneficio que implica paliar en parte, la pérdida de empleo y la dificultad de encontrar un nuevo vínculo laboral, con una ayuda parcial de subsistencia.
