Un estudio elaborado por la Universidad de Buenos Aires (UBA) sobre la base de datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) revela que casi el 85% de los trabajadores del quintil más bajo de ingresos se desempeña en condiciones de informalidad laboral. Esta dramática situación de inseguridad laboral se refuerza con las decisiones del Gobierno de Javier Milei de eliminar definitivamente programas sociales como «Volver al Trabajo», sucesor del Potenciar Trabajo.
De acuerdo con el análisis de la UBA, entre los trabajadores con peores salarios (un 20% del total), la tasa de informalidad alcanza al 84,8%, lo que significa que ocho de cada diez personas de ese segmento trabajan sin aportes, sin cobertura social y sin derechos laborales básicos. En términos generales, la informalidad afecta a cuatro de cada diez trabajadores del país, con un aumento de un punto porcentual en la comparación interanual, al pasar del 42% al 43% de la población ocupada.
De la mano de la crisis de ingresos, en febrero el consumo se desplomó 6,3% respecto de enero
El informe también desmonta algunos prejuicios generalizados, confirmando que las personas en situación de pobreza trabajan en promedio más horas semanales que quienes no lo están: 41,8 horas frente a 40,2. Y que apenas el 7,9% de las personas pobres en edad laboral se encuentra desocupada, mientras que el 59% tiene empleo en sectores como la construcción, el comercio o la industria, aunque esos ingresos no alcanzan para salir de la pobreza. La precarización —y no la falta de empleo— es el factor central para explicar la pobreza estructural. Las brechas se profundizan por tipo de ocupación, género y edad: entre los trabajadores por cuenta propia, la informalidad llega al 63,4%; entre las mujeres, al 44,4% y entre los jóvenes, al 67,4%.
Ese cuadro, agravado por la gestión nacional de los últimos dos años, amenaza deteriorarse aún más por las recientes decisiones del Ministerio de Capital Humano, que anunció la eliminación del programa «Volver al Trabajo», sucesor del Potenciar Trabajo, a partir del 9 de abril. La medida afectará a 950.000 personas que integran la economía popular en todo el país y retirará de la circulación $78.000 millones mensuales que hasta ahora se inyectaban directamente en el consumo de cercanía y las economías regionales.
El monto individual del beneficio era de $78.000, congelado desde diciembre de 2023, cifra que representa menos del 6% de una canasta de pobreza que supera el millón trescientos mil pesos. La ministra Sandra Pettovello anticipó que los programas serán reemplazados por un sistema de «vouchers de capacitación laboral», una propuesta que las organizaciones sociales rechazan, calificándola de «ilusoria» en un mercado de trabajo que en los últimos años registró el cierre de cerca de 23.000 empresas y la pérdida de 350.000 puestos de trabajo registrados.
La eliminación de este programa también desfinanciará tareas comunitarias que el Estado no cubre: comedores, merenderos, postas sanitarias, campañas de vacunación y saneamiento ambiental en barrios populares, funciones que en muchos territorios garantizan la supervivencia cotidiana de miles de familias. Frente a este panorama, 86 organizaciones sociales, cooperativas y movimientos de la economía popular lanzaron un plan de lucha nacional que incluye asambleas en todo el país para este martes 31 de marzo y más de 100 cortes de rutas federales para el próximo 7 de abril.
