Acorralado por los escándalos de corrupción que salieron a la luz pública en los últimos días, el Gobierno nacional busca minimizar las presiones, no seguir sumando conflictos y ganar algo de aire para llegar en mejores condiciones a las elecciones de medio término de octubre. En ese marco, el ministro de Desregulación del Estado Federico Sturzenegger debió asumir las recientes derrotas parlamentarias y dejar si efecto toda una serie de desregulaciones previstas para organismos estatales, como Vialidad Nacional (ANSV), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Banco Nacional de Datos Genéticos y otros.
El Decreto 627/2025 fue publicado en el Boletín Oficial a última hora de este martes, con la firma del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete Guillermo Francos, del canciller Gerardo Werthein, del ministro de Defensa Luis Petri, de de Ecomomía Luis Caputo, de la de Seguridad Patricia Bullrich, del de Salud Mario Lugones, de la de Recursos Humanos Sandra Pettovello y del propio Sturzenegger, ideólogo de la mayoría de estos planes de desgradación y eliminación de organismos estatales. Allí se define: «Restitúyese la plena vigencia de las disposiciones normativas que fueron derogadas, sustituidas o modificadas por los Decretos 345/25, 351/25, 461/25 y 462/25».
En realidad, el decreto no hace otra cosa que acatar la decisión del Congreso Nacional, que con una mayoría de dos tercios en Diputados y Senadores impugnó la validez de esos decretos, que implicaban el cierre, la fusión y la degradación de distintos organismos estatales, con el consecuente despido o «pase a disponibilidad» de cientos de trabajadores estatales (lo que recientemente también fue bloqueado por la Justicia en el caso del INTA y otros organismos).
Las medidas con las que ahora el oficialismo tuvo que dar marcha atrás, incluían la fusión de los institutos Yrigoyeneano y de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas; el pase del Banco Nacional de Datos Genéticos a organismo desconcentrado dependiente de la Secretaría de Ciencia; la disolución de la Comisión del Tránsito y la Seguridad Vial, y de la Dirección de Vialidad Nacional; la eliminación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y otros, incluyendo el nuevo Régimen de Excepción de la Marina Mercante (que en su articulado incluía una limitación del derecho de huelga por vía de la declaración de «esencialidad» de distintos servicios).
