Con una advertencia que sonó más a ultimátum que a consigna política, el Gobierno de Javier Milei aceleró en las últimas horas las negociaciones con los gobernadores para aprobar su proyecto de «modernización laboral» en el Senado. “Si no quieren, que no lo voten”, fue la frase que circuló desde la mesa chica oficialista, en medio de un escenario de tensión creciente por el rechazo a introducir cambios en el esquema de Ganancias que se incluye en el proyecto, que golpearía duramente los fondos coparticipables. Desde Casa Rosada dejaron en claro que no habrá concesiones sustanciales y que, si no hay acompañamiento pleno, el Ejecutivo podría volver a postergar el tratamiento de la iniciativa o incluso dejarla caer. Mientras tanto, crece la organización opositora al proyecto, con reuniones de gobernadores peronistas, planes de lucha de distintos sectores gremiales (que este jueves marchan en Córdoba), la amenaza de un paro general cegetista y la adhesión de distintos sectores políticos y sociales a la lucha contra el proyecto flexibilizador.
La línea dura oficialista convive con toda una serie de internas en el propio Gobierno. Mientras un sector busca sostener puentes con los mandatarios provinciales, otro empuja una estrategia de confrontación abierta. La reunión de la mesa política en las oficinas de Manuel Adorni, con Karina Milei, Luis Caputo, Diego Santilli, Martín Menem, Patricia Bullrich y Santiago Caputo, expuso esas diferencias a poco más de una semana del inicio de las sesiones extraordinarias. En paralelo, el Gobierno intentó defender el contenido de la reforma frente al creciente rechazo sindical. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, sostuvo que no se eliminan derechos esenciales y justificó cambios sensibles como la creación de un Fondo de Asistencia Laboral para facilitar los despidos en las pymes o el fraccionamiento de las vacaciones (afirmando que los jóvenes ya «no quieren irse 35 días de vacaciones todos juntos»).
Sin embargo, centrales obreras y abogados laboralistas insisten en que el proyecto flexibiliza las condiciones de trabajo, restringe el derecho de huelga, elimina derechos adquiridos, habilita el banco de horas y deroga estatutos profesionales históricos, configurando un retroceso integral en materia de derechos laborales. Desde distintos sectores sindicales ya se lanzaron medidas de fuerza a nivel federal (además del paro nacional del Frente de Gremios Estatales programado para el 11 de febrero, el Frente de Sindicatos Unidos confirmó movilizaciones para el 5 y 10 de febrero en las ciudades de Córdoba y Rosario, respectivamente). Además, la Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a una conferencia de prensa para este viernes, en la que podría anunciarse su convocatoria a otro paro general contra la iniciativa oficial.
La resistencia política al proyecto también empezó a articularse con fuerza desde las provincias. El gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó este miércoles un encuentro con gobernadores del peronismo (Ricardo Quintela, de La Rioja; Gildo Insfrán, de Formosa; Gustavo Melella, de La Pampa, y Sergio Ziliotto, de Tierra del Fuego) para coordinar una estrategia común contra la reforma, que calificaron como regresiva tanto para los trabajadores como para las finanzas provinciales. Según estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), solo en la provincia de Buenos Aires el impacto de la modificación de Ganancias superaría los 238.000 millones de pesos anuales. Los mandatarios advirtieron que, de avanzar la ley, no habrá margen para recomposiciones salariales de los estatales ni para la mejora de servicios básicos para la ciudadanía.
Ese armado tuvo una continuidad inmediata con la incorporación de la CGT al debate -participaron los integrantes del triunvirato Jorge Sola (Seguro), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), además del secretario general adjunto Andrés Rodríguez (UPCN) y el secretario de Interior, Héctor Daer (Sanidad)-, lo que abrió un canal de coordinación política y sindical con los gobernadores. Desde la central obrera ratificaron que la pelea se dará en todos los frentes: el Congreso, la calle y la Justicia. “El conjunto de los trabajadores va a perder” con la reforma, coincidieron dirigentes gremiales y provinciales, que también pusieron en la mira la caída de la recaudación y la concentración de recursos en manos de la Nación, en un contexto de fuerte ajuste y retracción de la actividad económica.
Además de los sectores sindicales que este jueves lanzaron un plan de lucha con una masiva movilización en la ciudad de Córdoba (que tendrá continuidad el día 10 con otra marcha en Rosario), la oposición al proyecto de reforma también sumó a los sectores de la cultura y la comunicación. Además de convocar a una conferencia de prensa para este jueves en el teatro El Picadero, el Frente Cultural Federal, la CGT y las CTA denunciaron que la reforma profundiza el grave desfinanciamiento del INCAA y el ajuste en los medios públicos y el Fondo de Fomento Cinematográfico, además de avanzar sobre el Estatuto del Periodista Profesional. Desde la Multisectorial Audiovisual advirtieron que se trata de un ataque que no solo afecta a los trabajadores del sector, sino de conjunto al derecho social a la cultura y a la información plural.
Finalmente, el conflicto se expresó con fuerza en el ámbito de la salud pública. En el Hospital Garrahan, trabajadores y profesionales realizaron este miércoles un Cabildo Abierto para organizar la movilización del 11 de febrero, día previsto para el tratamiento de la reforma en el Senado. La protesta se da en un clima de extrema tensión tras la cesantía de 11 trabajadores, entre ellos delegados gremiales, en el marco de un conflicto por el financiamiento del hospital. La escena sintetiza el clima general: mientras el Gobierno apura una reforma sin concesiones, crece una resistencia multisectorial que promete escalar en los próximos días, tanto dentro como fuera del Congreso.
