El Gobierno nacional resolvió aplicar sanciones económicas de magnitud inédita contra dos gremios del transporte que adhirieron al paro general de la Confederación General del Trabajo (CGT) del pasado 19 de febrero. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) deberá afrontar una multa de 70 mil millones de pesos, mientras que para La Fraternidad serían 21 mil millones, en ambos, por supuesto, incumplimiento de las respectivas conciliaciones obligatorias vigentes al momento de la medida de fuerza nacional. La decisión, impulsada personalmente por el presidente Javier Milei, busca disciplinar al conjunto del movimiento sindical y se enmarca en una ofensiva que se despliega en paralelo con la reforma laboral.
El argumento oficial es que ambos gremios violaron conciliaciones obligatorias vigentes al sumarse al paro nacional. Sin embargo, los propios sindicatos cuestionaron esa interpretación. La Fraternidad, conducida por Omar Maturano, sostuvo que la conciliación regía para su conflicto salarial específico y que no debe extenderse a una protesta general convocada por la CGT en rechazo a la reforma laboral. La UTA, por su parte, señaló que la medida conciliatoria alcanzaba únicamente a los choferes del interior del país y no a los del AMBA. A esto se suma que, más allá de las versiones periodísticas, al cierre de esta nota ninguno de los dos sindicatos había recibido aún una notificación oficial de las sanciones.
La CGT calificó las multas como un acto de «persecución política y sindical» y advirtió que las acciones gremiales de los sindicatos están amparadas por la Constitución Nacional. «Si a las autoridades del Gobierno les preocupa la altísima adhesión al último paro convocado por esta central obrera, tienen que saber que es con trabajo que se disminuye la conflictividad social, no con persecución política y sindical», remarcó la central obrera. En la misma línea, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que conduce Juan Carlos Schmid, advirtió que las sanciones «constituyen un grave antecedente de presión sobre las organizaciones sindicales y una señal preocupante de avance sobre derechos fundamentales de los trabajadores».
El objetivo político de la medida es difícil de ocultar. El Gobierno evaluó en primera instancia retirarle la personería gremial a los sindicatos sancionados, pero optó finalmente por avanzar con las multas como señal de advertencia. Además, dejó trascender que, si los gremios aceptaran pagarlas, la quita de las personerías volvería a estar sobre la mesa. El monto de las sanciones se calculó en base al artículo 4.° de la Ley 25.212, que habilita multas de entre el 50% y el 2000% del Salario Mínimo Vital y Móvil por cada trabajador involucrado en el paro (con estimaciones que los gremios involucrados consideraron como absolutamente desproporcionadas y que inevitablemente serán objeto de disputa judicial).
El antecedente más cercano de esta modalidad para intentar disciplinar a un sindicato data del gobierno de Mauricio Macri, cuando en 2018 el entonces ministro de Trabajo Jorge Triaca multó al Sindicato de Camioneros de Hugo Moyano con 809 millones de pesos, en el marco de un conflicto salarial. Camioneros rechazó el pago y finalmente en 2020 el ministro de Trabajo de Alberto Fernández, Claudio Moroni, declaró nulo todo el expediente por no haberse identificado con precisión la cantidad de trabajadores afectados. La historia sugiere que el recorrido judicial de estas nuevas sanciones puede ser largo, aunque el impacto político y el efecto intimidatorio sobre otros sindicatos podrían manifestarse mucho más rápido.
