Después de que el Gobierno nacional de Javier Milei acatara tanto las resoluciones judiciales sobre el tema como los pronunciamientos parlamentarios contra las resoluciones 1044, 1217 y 1240 que disponían el “pase a disponibilidad” de 300 trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y otros organismos, la Administración Nacional decidió avanzar con el despido directo de 800 empleados que cumplían tareas en Desarrollo Social y en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, ambos organismos dependientes del Ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello.
Además del INTA, el pase a disponibilidad definido por el Gobierno involucraba a trabajadores de Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena; a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, al Instituto Nacional de Semillas y al Instituto Nacional de Vitivinicultura. En las últimas horas, una resolución firmada por el ministro de Economía Luis Caputo confirmando el retroceso oficial respecto de esa decisión, tras los planteos judiciales y parlamentarios que le exigían revisar esas medidas. Se trata de una nueva derrota para las políticas de ajuste, degradación o fusión de organismos estatales, impulsadas sobre todo por la cartera de Desregulación del ministro Federico Sturzenegger.
Desde gremios de estatales como la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se denunció desde un primer momento la oposición al mecanismo de pase a disponibilidad, considerando las maniobras oficiales para intentar sostenerlo por vía de otro decreto como un “acto administrativo viciado”. Además, también desde Parlamento, algunos legisladores opositores confirmaron la intención de presentar un proyecto para derogar el Artículo 52 de la llamada Ley Bases, precisamente el que habilita el “pase a disponibilidad” de trabajadores estatales, y para dejar “sin efecto” las resoluciones que se hayan aplicado en este sentido desde el inicio del mandato de La Libertad Avanza, “disponiéndose la inmediata reincorporación de los trabajadores y trabajadoras afectados a sus cargos de origen”.
Sin embargo, lejos de buscar conciliar o aminorar la velocidad en un marco de crecientes denuncias de corrupción, debilidad política y derrotas electorales, parece ser la opuesta: avanzar lo más rápido que se pueda antes de que la crisis empeore. Así, en las últimas horas, Capital Humano informó que este 15 de septiembre se confirmará el despido de 800 trabajadores de Desarrollo Social y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, que en esa fecha cumplen seis meses en situación de “disponibilidad”. Muchos de ellos cuentan con antigüedades de entre 15 y 30 años en la gestión pública, especializados en estos organismos de asistencia a los sectores sociales más vulnerables.
Desde ATE denunciaron la “ilegalidad” de la medida y remarcaron que “desde la puesta en disponibilidad al día de hoy no fueron en ningún momento contactadas para su capacitación o reubicación, incumpliendo la Ley Bases que el mismo gobierno impulsó. Demostrando que el único objetivo era el despido encubierto”. En este sentido, reclamaron urgentes avances parlamentario para la eliminación del mecanismo de “pase a disponibilidad”.
