La Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que encabeza Abel Furlan, se puso al frente de un llamado multisectorial con agenda recargada, teniendo en cuenta el alto grado de conflicto que atraviesa el propio mundo metalúrgico, con patronales con alto poder de fuego político, tan dispuestas a ser productores como importadores de bienes de capital y consumo, dentro del modelo económico-financiero de La Libertad Avanza (LLA).
Allí confluyeron gremios de diferentes actividades, como es el caso del titular del gremio Papelero, Ramón Luque —ambos también integrantes de la Confederación de Sindicatos Industriales (CSIRA), en la que UOM y SMATA comparten liderazgo—, junto a organizaciones de la energía, encabezados por Carlos Minucci (APSEE, Personal Superior de Energía Eléctrica), Héctor Laplace, de la Asociación Minera y también integrante de CSIRA, incluida la asistencia de sindicatos de la actividad del transporte como Pablo Biró (Pilotos Aeronáuticos), Mariano Moreno (Oficiales Fluviales) y Graciela Aleña (Viales), sumando también más de veinte organizaciones de sectores de servicios y producción.
Del encuentro también participó Daniel Yofra, de la Federación Aceitera —que alcanzó acuerdos salariales por encima del promedio en las negociaciones paritarias—, cuya presencia quizás deba encuadrarse principalmente en los objetivos políticos que se fijó esta nueva mesa sindical, donde se suma el reciente encuentro de Furlán con el titular de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, dos sindicatos que no integran la Confederación General del Trabajo (CGT).
Justamente, los primeros objetivos explícitos se enfocaron en el acompañamiento a la central Azopardo en la tarea que vienen realizando con diputados y senadores nacionales de diferentes colores partidarios y de distintas procedencias provinciales, además de haber sumado a expresiones del empresariado (sobre todo pequeños y medianos), varias presentaciones a la justicia y el declarado estado de alerta y movilización, frente al proyecto de flexibilización laboral de la administración libertaria, encabezado en el Congreso por la ex jefa de seguridad, Patricia Bullrich.
Sin embargo, más allá de las coincidencias expresadas oficialmente, de «aunar ideas, estrategias y esfuerzos», también mencionaron la decisión de posicionarse «en pie de lucha», procurando la más abarcativa unidad factible, en la decisión de «enfrentar el plan de acción del gobierno» del presidente Milei, en un contexto donde cada una de estas organizaciones viene sufriendo las consecuencias negativas: con despidos, cierres de puestos de empleo, mayor precarización laboral y una comprobada caída del poder adquisitivo salarial.
