Intervienen estado del norte brasileño luego de huelga de policías y penitenciarios

Antonio Denarium, gobernador electo del estado de Roraima, asumió este lunes como interventor hasta que llegue el momento de su mandato oficial (en 20 días), luego de la destitución de su predecesora, en el marco de una grave crisis detonada por una huelga de policías y guardias penitenciarios.

La gobernadora Suely Campos, del estado de Roraima (en el norte brasileño, fronterizo con Venezuela), fue destituida días atrás por el gobierno de Michel Temer que el viernes pasado anunció la intervención del Estado.
En su rol de interventor, Denarium tendrá poderes especiales para tratar de resolver la grave crisis con los funcionarios públicos de todos los sectores que no cobran sus salarios hace meses. El problema que terminó detonando la crisis y costándole el cargo a la gobernadora fue el anuncio de una huelga por tiempo indeterminado de policías y guardias penitenciarios.

El gobernador electo, que debía asumir su cargo el próximo 1 de enero, explicó: “Estoy asumiendo hoy el poder como interventor. Colocaremos en la práctica una reforma administrativa y una tributaria para eliminar los gastos innecesarios, poner fin a contratos irregulares y, con los recursos que queden, pagarle rigurosamente en día a todos los funcionarios”.

Por el momento Denarius deberá rendirle cuentas provisionalmente al Gobierno Federal de Brasil, al menos hasta su asunción formal como gobernador. El gobernador es miembro del Partido Social Liberal (PSL), la organización política de derecha a la que pertenece el presidente electo Jair Bolsonaro.

Según la gobernadora saliente, la crisis del estado de Roraima se agravó luego de la llegada de miles de venezolanos que abandonan su país en busca de garantizarse servicios como de salud y educación. Precisamente el de la defensa de las fronteras brasileñas contra la migración irregular de venezolanos fue uno de los ejes de la campaña de Denarius.

Según datos oficiales, en el último año más de 154 mil venezolanos ingresaron al Brasil por la localidad fronteriza de Pacaraima (en el estado de Roraima), pero más de la mitad ya abandonó el país. De los que se quedaron en Brasil, unos 5 mil se encuentran en alguno de los abrigos humanitarios de Boa Vista, capital del estado intervenido.