Gremios aeronáuticos que integran la planta de personal de la aerolínea de bandera Aerolíneas Argentinas se declararon en “estado de alerta” ante lo que consideran como “un vaciamiento” de la compañía estatal que “pone en riesgo” la continuidad de la empresa.
Por un lado, la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA) confirmó el lanzamiento de un “Plan de Lucha” en defensa de Aerolíneas, denunciando las medidas que están tomando las autoridades de la empresa y los anuncios que se formulan desde distintos sectores del gobierno de Javier Milei. En los últimos días la empresa también canceló algunas rutas internacionales y suspendió temporalmente otras de cabotaje, presuntamente para lograr “una optimización de los recursos”.
Por otro, el gremio de los pilotos Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) que encabeza Pablo Biró, rechazó el acuerdo de Cielos Abiertos firmado recientemente entre Argentina y Chile y amenazó con “medidas legales y sindicales”. Los pilotos consideran que el convenio pone en riesgo «miles de fuentes laborales de trabajadores aeronáuticos argentinos».
Días atrás, tras concurrir a una reunión en la cual les informaron de las medidas a implementar, APLA rechazó los cambios en el Convenio Colectivo de Trabajo con los que busca avanzar el oficialismo: “Ante el planteo dejamos claro que no vamos a dejar que avancen sobre nuestro convenio en el contexto actual, ni a negociar bajo la amenaza de no renovar contratos de leasing de dos aeronaves Airbus 330, dos Embraer 190 y los Boeing 737/700 que vencen en los próximos meses”.
Fabián Lombardo, presidente de Aerolíneas, informó al personal de la empresa que era momento de tomar “decisiones difíciles”, admitiendo que “la empresa no logró resolver sus problemas estructurales y sostiene, desde hace más de una década, un déficit operativo profundo”. Y agregó: “Es indudable que Aerolíneas hace un gran aporte al desarrollo económico y a la conectividad de nuestro territorio. Sin embargo, sería un error creer que esto es argumento suficiente para pretender que la compañía no rinda cuentas sobre su eficiencia y productividad. La realidad inobjetable es que la empresa no logró resolver sus problemas estructurales y sostiene, desde hace más de una década, un déficit operativo profundo”.
