Tras la contundente derrota electoral que sufrió este domingo el Gobierno de Javier Milei en las elecciones de provincia de Buenos Aires, los trabajadores y gremios de distintos organismos estatales involucrados en los planes de degradación, fusión o desguace que impulsaba el ministro de Desregulación del Estado Federico Sturzenegger buscan aprovechar para, en la senda abierta por las recientes cancelaciones parlamentarias de los decretos desreguladores, garantizar la continuidad de sus tareas y la defensa de los puestos de trabajo.
Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (INTA) alertaron respecto de una “profunda crisis institucional” en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), exigiendo la inmediata restitución de su carácter autárquico, la reactivación de las áreas eliminadas y la reincorporación del personal cesanteado o pasado a “disponibilidad”, incluyendo las diversas modalidades de contratación. El gremio de estatales envió una nota al Consejo Directivo del organismo denunciando que los planes oficiales buscaban convertir al Instituto en “un órgano meramente consultivo”.
En ese marco, ATE remarcó que la parálisis administrativa derivada de los intentos de profunda reforma del INTA, su reconversión y eliminación de áreas enteras, además del despido de personal de distintos niveles, implica la necesidad de considerar especialmente estas situaciones para las evaluaciones de desempeño 2024-2025, destacando que los eventuales incumplimientos que puedan detectarse se deben a esta situación y no son responsabilidad de los trabajadores.
El gremio también exige restablecer el funcionamiento de unidades afectadas por los decretos 642, 571 y 585 (recientemente derogados en el Congreso), especialmente la Estación Experimental Agropecuaria AMBA y el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar (CIPAF); recomponer el plan financiero y garantizar los fondos para los proyectos territoriales y de investigación hoy paralizados; confirmar no sólo la estabilidad laboral de trabajadores (planta permanente, no permanente, contratados y becarios) sino también una urgente recomposición salarial. También se exige la reapertura del Programa ProHuerta y de Cambio Rural, planes fundamentales para garantizar la seguridad alimentaria y la innovación tecnológica.
Lo mismo que está planteado para el INTA, uno de los organismos donde más se había avanzado con los planes de “desregulación” de Stuzenegger y Milei, está planteado para el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), el Instituto Nacional de Semillas (Inase) y otros.
