Informe de OIT y CEPAL prevé aumento de la desocupación al 11,5% en América latina por la pandemia

Un informe conjunto sobre el impacto de la pandemia de coronavirus en el mundo del trabajo, realizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), ambos organismos dependientes de las Naciones Unidas, anticipa un fuerte crecimiento de la precarización laboral y del desempleo para 2020.

El jueves de esta semana, en el marco del informe conjunto Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe N⁰ 22, se presentó en Santiago de Chile el documento “El trabajo en tiempos de pandemia: Desafíos frente a la enfermedad por coronavirus (COVID-19)”, firmado por Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, y Vinícius Pinheiro, Director Regional de la OIT para América Latina y el Caribe.

Según el documento, ya antes de la pandemia la región que comprende a América Latina y el Caribe mostraba un bajo crecimiento económico en relación con otras regiones del mundo, pero luego del impacto de la crisis sanitaria para 2020 se espera “la peor contracción económica desde 1930”.

El texto detalla que el número de desocupados ya venía aumentando, con una tasa de desocupación que en 2019 había llegado al 8.1%, pero tras el impacto de la epidemia en 2020 llegaría hasta “al menos” un 11,5% (lo que involucra a casi 38 millones de personas).

En una región con un altísimo porcentaje de trabajado informal (54%), el impacto de la crisis derivada de la epidemia se manifiesta de forma mucho más grave. Esto se hace especialmente peligroso en el caso de las mujeres, ya que según el informe constituyen un grupo más vulnerable ante la situación por su mayor probabilidad de integrar el mundo del trabajo informal o no remunerado. La región cuenta con casi 10 millones de trabajadores domésticos remunerados, que en su mayoría son mujeres. También agrava su situación una alta participación en sector salud, donde están afectadas por largas jornadas laborales y mayor exposición al virus, una menor probabilidad de poder realizar teletrabajo (menor participación en cargos profesionales y acceso a tecnología), una sobrecarga de trabajo por ser responsables de la mayoría de las tareas de cuidado y un probable aumento de los casos de violencia doméstica (confirmado por estadísticas de varios países).

La Argentina entre uno de los cinco países que más preservó el empleo en la pandemia

Así, la pandemia de la COVID-19 ha generado fuertes efectos negativos en el mercado de trabajo en su conjunto, con una reducción de las horas de trabajo (se espera una caída de hasta 10,3% en el segundo trimestre del año), caída de salarios y despidos en el sector formal; una caída de empleo por distanciamiento y prohibición de circulación, menor acceso a compensaciones de ingreso en el sector informal y un grave impacto en sectores intensivos en mano de obra altamente afectados (turismo, comercio, manufactura, inmobiliaria, entretenimiento). En cuanto a las micro y pequeñas empresas, que concentran 46,6% del total del empleo en la región, se confirma que tienen alto riesgo de experimentar quiebras.

El informe conjunto de OIT y CEPAL constata que el 42,4% del empleo se concentra en los sectores más afectados por las medidas de distanciamiento físico. En un desglose por situaciones de riesgo, se considera que los empleos de riesgo alto son comercio, reparación de vehículos, industrias manufactureras, actividades de alojamiento y de servicio de comidas, actividades inmobiliarias y servicios administrativos y de apoyo; los de riesgo medio-alto serían el transporte y almacenamiento, información y comunicaciones, artes, entretenimiento y recreación, y otros servicios; en riesgo medio se ubica la minería, las actividades financieras y de seguros y la construcción; en riesgo medio-bajo la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; y finalmente, como de riesgo bajo se ubican los servicios públicos esenciales, administración pública y defensa, actividades sanitarias y de servicios sociales y la enseñanza

En ese gravísimo escenario, la caída del Producto Bruto Inter no (PBI) de los distintos países generaría un aumento de 30 millones en el número de pobres, con un fuerte deterioro de los sectores medios o medios -bajos. Más allá de la pobreza, grandes grupos de población viven en condiciones crónicas de inseguridad económica y son vulnerables a la pérdida de ingresos laborales.

Ante esta situación, la CEPAL propone un ingreso básico de emergencia equivalente a una línea de pobreza durante seis meses para satisfacer necesidades básicas y sostener el consumo de los hogares, que implicaría un gasto adicional del 2.1% del PIB para abarcar a todas las personas que se encontrarán en situación de pobreza en 2020. El objetivo estratégico de largo plazo sería la implementación gradual de un ingreso básico universal, sustentado por mecanismos sostenibles e innovadores de financiamiento.

Más allá de los desafíos sociales, en el ámbito laboral también se plantean importantes desafíos. Previo a la COVID-19, América Latina y el Caribe mostraba un deterioro en las condiciones del mercado laboral de la región, pero con la crisis se aceleró la pérdida de ingresos para grandes estratos de la población, producto del incremento en el desempleo y de una disminución en la calidad del empleo. En respuesta a la crisis, los países de la región están implementando políticas innovadoras para evitar, en la manera de lo posible, la ruptura del vínculo laboral, los trabajadores y limitar el número de quiebras de las empresas.

Estas políticas pasan por priorizar las políticas de seguridad y salud en el trabajo para que la reactivación productiva y del empleo sea segura y saludable, anteponiendo las acciones de prevención más efectivas de acuerdo con una jerarquía de control y considerando que el distanciamiento físico es una medida probada para reducir la transmisión en los lugares de trabajo.

El informe afirma que las políticas de empleo deben “priorizar la seguridad y salud en el trabajo”, para que la reactivación productiva y del empleo sea segura y saludable. En este sentido, la implementación de medidas “requerirá de un fuerte componente de formación y educación en seguridad y salud para los actores del mundo del trabajo”, además de la inversión de recursos institucionales y presupuestarios reforzados que garanticen su cumplimiento. También se considera “primordial” una gestión participativa de la seguridad y salud laboral, con participación de empleadores y trabajadores.

Entre las “buenas prácticas de seguridad y salud en el trabajo”, el documento enumera: Acuerdo para retomar la actividad en el sector, entendiendo que estas tareas se realizan al aire libre en condiciones que permiten un relativo distanciamiento entre los trabajadores; Protocolo de salud y seguridad en el trabajo, que incluya inducción al personal; Adopción de horarios de entrada y salida desfasados para evitar aglomeraciones; Rutinas de desinfección y sistema de lavado de manos; Uso obligatorio de mascarillas y Protocolo en caso de que algún trabajador presente síntomas.

Respecto de las políticas “para proteger empleo e ingresos de trabajadores y limitar impacto en las empresas”, se destaca la aplicación de prestaciones por desocupación que están flexibilizando sus reglas de acceso y recibiendo subsidios fiscales; casos en que se incluyen a trabajadores cuyas empresas suspenden temporalmente actividades; un fuerte financiamiento estatal de los seguros de desempleo; fórmulas para ajuste de horarios y banco de horas; y la entrega de subsidios a trabajadores informales.

En cuanto a las medidas para proteger empleo e ingresos de trabajadores y limitar impacto en las empresas si la crisis se prolonga se plantea la necesidad de “una nueva ronda de medidas, orientadas tanto a trabajadores y empresas como a grupos vulnerables (migrantes en situación no regularizada, trabajadoras domésticas y cuidadores de personas mayores, trabajadores asalariados e independientes informales en sectores críticos y trabajadores de la salud en primera línea de respuesta frente a la COVID-19).

El informe concluye destacando que la crisis ha abierto la posibilidad de generar innovaciones duraderas en la institucionalidad laboral y de protección social que deben ser aprovechadas para el futuro, apuntando a la implementación de las políticas públicas que consoliden estas innovaciones en su institucionalidad laboral.

En este sentido, se afirma que la pandemia, “está empezando a forjar numerosos cambios en el mundo laboral que serán permanentes” y se propone ir hacia una “normalidad mejor”, ante la constatación de que la crisis “desnudó de forma muy cruda el costo de la informalidad y de la desigualdad en la mayoría de los mercados laborales” en la región. Por eso, se concluye que “los esfuerzos deben direccionarse hacia la generación de marcos normativos e institucionales que perfeccionen la protección sociolaboral de los trabajadores, sobre todo de los más vulnerables” y que las políticas para la recuperación deben apuntar no solo a una “nueva normalidad” similar a la anterior, sino a una “normalidad mejor” con mayor formalidad, equidad y diálogo social.