Al cierre de 2025, la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional que realizó durante el año el Gobierno de Javier Milei, muestra una caída real cercana al 29% respecto de 2023, lo que confirma un ajuste fiscal de gran magnitud. De acuerdo con un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la reducción del gasto impacta de lleno en áreas clave del Estado (como salud, educación, jubilaciones y ciencia) comprometiendo la continuidad de políticas públicas esenciales en un contexto económico ya marcado por un grave deterioro social y productivo.
Mientras se recortan partidas sensibles, la ejecución de la Secretaría de Inteligencia del Estado, dependiente de Presidencia, creció un 52%, y los Servicios de la Deuda Pública mantienen un peso significativo, equivalente al 8% del gasto total. El contraste entre estas prioridades y el ajuste aplicado sobre numerosas áreas sociales expone con claridad el sesgo del actual esquema presupuestario. En contraste también las fuerzas federales y Fuerzas Armadas sufrieron un grave desfinanciamente, con la Policía Federal cayendo 31%, seguida por Gendarmería y Prefectura Naval (-29%), Ejército (-18%), Armada (-20%) y Fuerza Aérea (-22%).
En materia de salud, los recortes resultan particularmente graves: la Superintendencia de Servicios de Salud registra una caída del 72%, los hospitales nacionales entre el 20% y el 40%, y organismos estratégicos como el Instituto Malbrán y la ANMAT sufren reducciones superiores al 25%. Directamente fueron borrados programas de atención sanitaria y prevención de enfermedades, mientras que solo el acceso a medicamentos y tecnología médica muestra un muy leve crecimiento. El impacto también es severo en el área de Seguridad Social y Desarrollo Social: ANSES (-5%), Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (-73%), INAES (-73%), Plan Nacional de Protección Social y Economía Social (-100%), Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia (-90%), Comedores Comunitarios y Merenderos (-52%).
La ciencia, la educación y el desarrollo social también aparecen entre los sectores más castigados. El CONICET perdió un 32% de su presupuesto, los programas de promoción científica cayeron más del 80% y la educación pública ve desfinanciadas iniciativas clave como Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente, ambos con recortes totales. En el plano social, se destacan las fuertes reducciones en niñez, economía social, comedores comunitarios y programas de primera infancia.
El ajuste se completa con una virtual paralización de la obra pública y del transporte, con caídas de hasta el 100% en programas de infraestructura, y con un recorte casi total de las transferencias a provincias y municipios. En conjunto, el panorama refleja una contracción severa del rol del Estado en áreas estratégicas para el empleo, la inclusión y el desarrollo, al tiempo que se refuerzan partidas vinculadas a inteligencia y se sostiene el peso de la deuda, planteando un escenario crítico para la sostenibilidad de derechos y políticas públicas básicas.
