La Unión Tranviarios Automotor (UTA) declaró un paro de colectivos a partir de las 00:00 horas de este jueves 9 de abril en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La medida de fuerza afecta a las empresas que no abonaron en su totalidad los salarios correspondientes al mes de marzo, aunque la adhesión es desigual y muchas líneas entablaron negociaciones para garantizar los servicios. «Encontrándonos al cuarto día hábil del mes, sin haberse dado cumplimiento íntegro al pago de los salarios», afirmaron desde el gremio que encabeza Roberto Fernández, resolviendo una «retención de tareas» como medida de «autotutela de los trabajadores».
El conflicto tiene como telón de fondo la demora en la llegada de subsidios nacionales y provinciales a las empresas del sector. Antes del paro, las cámaras empresariales ya habían reducido las frecuencias entre un 20% y un 30%, lo que generó malestar entre los usuarios y, según denunció la UTA, situaciones de violencia hacia los choferes. Desde la AAETA (Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor) sostuvieron que la reducción de servicios no constituyó una medida de fuerza gremial, sino «una racionalización técnica forzada por la falta de recursos para cubrir las necesidades del gasoil».
Ante la baja de frecuencia de los servicios, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que constató el descenso en el número de unidades en circulación, inició el labrado de actas de infracción. La cartera advirtió además que si una empresa interrumpe el servicio durante cinco días consecutivos o diez alternados en un año calendario, la situación puede ser considerada «abandono del servicio». El gobierno afirmó haber girado los subsidios correspondientes al cuarto día hábil de abril, aunque algunas empresas afirman que esos fondos no llegaron en tiempo y forma.
El impacto de la medida es amplio: decenas de líneas de jurisdicción nacional y provincial no prestaron servicio o lo hicieron con frecuencia reducida. Entre las completamente paralizadas se encuentran las líneas 303, 333, 407, 437 y 707, correspondientes en su mayoría a la empresa MOGSM. Otras líneas muy utilizadas, como la 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, entre muchas otras, circularon con servicio muy reducido o directamente no salieron a la calle.
La Secretaría de Transporte salió a amenazar con sanciones.
Para intentar destrabar el conflicto, este jueves se realizó una reunión en la sede de la Secretaría de Transporte con representantes de las cámaras empresariales CEAP, CETUBA, CTBPA y CEUTUPBA. El encuentro apuntó a discutir el reclamo por mayores subsidios para cubrir el aumento del precio del gasoil. Desde AAETA reclamaron que «la solución definitiva no reside en la reducción de servicios, sino en el reconocimiento de los costos reales de los insumos básicos para brindar un servicio seguro y de calidad». Al cierre de esta nota, el conflicto continuaba abierto. Si bien algunas líneas comenzaron a normalizarse progresivamente tras la acreditación de parte de los subsidios, no se descartaban nuevas medidas de fuerza en los próximos días en caso de no alcanzarse un acuerdo que garantice tanto el pago de los salarios adeudados como un esquema de financiamiento sostenible para el sector.
