La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) denunció «las acciones judiciales contra trabajadores del subte» como «un grave precedente en el camino de la criminalización de la protesta social», expresando también su solidaridad con Néstor Segovia, Secretario General de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP – Metrodelegados), y con todos los trabajadores y trabajadoras del sector, frente a la difícil situación que se encuentran atravesando.
En un documento firmado por el Secretario General de la CATT, Juan Carlos Schmid, y por su Secretario Gremial, Juan Pablo Brey, se remarca que este proceder, que “intenta presentarse como una causa penal, no es más que un mecanismo de persecución hacia quienes ejercen legítimamente sus derechos sindicales”.
Asimismo, destacaron que «las acciones gremiales llevadas adelante en defensa de las condiciones de trabajo y de la seguridad del servicio forman parte del ejercicio pleno de derechos constitucionales, como la libertad sindical, el derecho de huelga y la organización colectiva».
“Desde la CATT advertimos con profunda preocupación este tipo de medidas que buscan disciplinar al movimiento obrero, amedrentar a sus dirigentes y debilitar la representación sindical”, afirmaron, señalando que “no se trata de un hecho aislado, sino de un ataque sistemático contra los trabajadores organizados”.
La defensa de los derechos laborales no puede ser considerada un delito. “La protesta es una herramienta legítima del Movimiento Obrero y un pilar fundamental de la vida democrática”, concluye el documento, adelantando que desde la central del transporte acompañan “el estado de alerta y movilización declarado por la AGTSyP”, poniéndose a disposición “para impulsar, en unidad con el conjunto del movimiento obrero, todas las acciones necesarias en defensa de los compañeros y compañeras”.
