El Programa de Asistencia al Trabajo y la Produccion, lanzado por el gobierno en el mes de abril para ayudar a las empresas a cubrir el pago de salarios en el contexto de la epidemia de coronavirus que viene golpeando duramente a la economía nacional, despertó numerosas polémicas en los últimos días al difundirse que entre las empresas que recibieron el subsidio se cuentan firmas millonarias como Techint, Clarín, Latam, Vicentin o la Sociedad Rural. Las reacciones críticas también permitieron establecer restricciones para que las grandes empresas accedan al beneficio e incluso abrir el debate sobre un posible mecanismo que permita la participación del Estado en el grupo accionario de las grandes compañías que accedan al ATP.
Además de otros beneficios tributarios y de crédito para Pymes y grandes empresas, el programa por el que la Anses se hace cargo del pago de hasta el 50% de los salarios de las empresas con problemas financieros derivados de la extensión de la cuarentena obligatoria ya aportó fondos por 27 mil millones de pesos en el mes de mayo, que completaron los salarios de 1,3 millones de trabajadores privados. Más de 420 mil empresas se anotaron al programa.
Pero la polémica estalló en los últimos días cuando se supo que el multimillonario Gruipo Techint, que reiteradamente desafió la prohibición de despidos y suspensiones establecida por el Gobierno al inicio de la cuarentena, también había solicitado unirse al programa, logrando el aporte estatal. Dentro del poderoso holding comandado por Paolo Rocca solicitaron el subsidio Techint Ingeniería y Construcción, Ternium y Tenaris.
Gobierno confirmó extensión de ATP, asumiendo el pago de la mitad de los sueldos privados de mayo
También generó múltiples reacciones la confirmación de que el grupo Clarín fue otro de los beneficiados por el Programa, pese a que Cablevisión Holding (Personal, Fibertel, Cablevisión y Telecom), de los mismos dueños del Grupo Clarín, desde inicios de año aumentó sus ganancias en un 168% en relación con el mismo período de 2019. Además del millonario reparto de beneficios derivados de esta sobrefacturación, se acusa a los grupos empresarios vinculados a Héctor Magnetto de haber sido parte activa de la millonaria fuga de ganancias durante el gobierno de Mauricio Macri. Los beneficios del ATP para medios gráficos y audiovisuales no se limitaron a Clarín, sino que abarcaron a otras empresas del grupo, así como a muchos otros medios también fuertemente críticos del Gobierno como La Nación, Perfil (que adeuda salarios a sus trabajadores hace meses), Telefé, Radio Mitre, Radio Rivadavia y muchos otros. También a Página 12, Crónica, C5N, Diario Popular y hasta a medios vinculados a grupos multinacionales como ESPN o Fox Sports.
Otros de los beneficiados más polémicos fue Vicentin SAIC, grupo empresario que hoy tiene a varios de sus directivos imputados penalmente en el marco de una denuncia por millonarios préstamos irregulares recibidos del Banco Nación durante la gestión del radical Javier González Fraga. Entre los beneficiarios de los subsidios figuran directamente algunos familiares directos de los dueños y hasta Gustavo Nardelli, uno de los imputados. Por otros motivos, también generó indignación el aporte del Estado a la empresa textil Cheeky, de la ex primera dama Juliana Awada, para completar el pago de sus 860 empleados con dinero de la Anses. Pese a este aporte, la empresa liquidó sólo el 75% de los salarios, argumentando que así lo habilitaba el reciente acuerdo de la UIA con la CGT, argumento que fue descartado por los gremios porque si se adhiere al programa ATP se debe abonar la totalidad de los salarios.
Y los casos siguieron sumándose hasta que a principios de esta semana el Gobierno decidió establecer una serie de restricciones para que las grandes empresas puedan optar al beneficio. Las principales condiciones, que regirían por dos años desde la entrega del subsidio, son que no podrán distribuir utilidades, comprar sus propias acciones ni adquirir títulos en pesos para su posterior venta en moneda extranjera, transferencia en custodia al exterior o posterior liquidación de compras en el extranjero. En ese contexto, también se planteó el debate sobre la necesidad de que no se ayude a empresas con fondos o cuentas en paraísos fiscales.
La diputada del Frente de Todos Fernanda Vallejos también propuso desde su cuenta de Twitter que a cambio de esta ayuda extraordinaria para el pago de los salarios de empresas de más de 800 empleados, el Estado pueda recibir como contrapartida algún tipo de participación accionaria en las mismas, propuesta que fue luego destacada como interesante por el ministro de Trabajo Claudio Moroni y por el de Educación Nicolás Trotta. A pesar de que no se trata de un proyecto de ley ni de una iniciativa oficial, la reacción empresaria contra la reflexión de Vallejos ocupó la tapa de los principales diarios del país, pese a que se trata de un mecanismo que, por ejemplo, aplicó Estados Unidos luego de asistir a General Motors en la crisis de 2008.
Por otro lado, desde la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (FACTA) reclamaron se incluya a las empresas del sector en el programa, que hasta el momento no vienen siendo considerados. Federico Tonarelli, presidente de la entidad y vicepresidente de la cooperativa de trabajadores del Hotel Bauen, denunció: “Lo que nos parece increíble a esta altura es que del mismo modo no se incluya en la ayuda a lxs trabajadorxs de nuestras cooperativas. A lxs asociados de las empresas recuperadas. Que no se tome en cuenta a un sector aliado como el nuestro. 400 recuperadas y 18.000 puestos de trabajo. Y si ampliamos el espectro a todas las cooperativas de trabajo sin importar el proceso que llevo a constituirlas, somos por lo menos 80.000 laburantes”.
