En ese sentido, el Secretario General de la Federación de Obreros y Empleados del Papel, José Ramón Luque, ya había criticado severamente a parte del empresariado papelero argentino, denunciando su “irresponsabilidad” porque no invirtieron en el mantenimiento y modernización de la capacidad productiva de sus establecimientos y, como consecuencia, “a través de diferentes maniobras dirigidas a eludir toda responsabilidad, cierran sus fábricas, perjudicando gravemente a los trabajadores”.
En la histórica papelera de Quilmes, son 40 los trabajadores de la firma Ansabo SRL, -que funcionaba desde hace 60 años-, quienes recibieron de forma intempestiva el telegrama de despido días atrás, motivo por el cual los trabajadores se movilizaron a la sede regional del Ministerio de Trabajo bonaerense.
La mayor preocupación reside en que “gran parte de los trabajadores tiene 20 o más años de antigüedad y pocas posibilidades de lograr reinsertarse en el mercado laboral” explicaron.
“Queremos que se nos reintegre el puesto de trabajo y, si no es posible, que se nos pague lo que nos debe”, sostuvo Jonathan Bonomi, referente de la papelera, previo a entregar un documento con estos reclamos en la sede de la cartera laboral, quien dictó la Conciliación Obligatoria.
Se suma también a este caso, por ejemplo la de la papelera Hélice en condiciones similares. Empresas que han “violado sistemáticamente la legislación laboral vigente” denuncian desde la Federación del Papel, quien exige la “inmediata reincorporación de todos los compañeros cesanteados a sus puestos habituales de trabajo”.
Volviendo sobre la forma en que se producen los cierres, el máximo dirigente del gremio expresó que “existe la imperiosa necesidad de crear una figura legal por la que los empresarios se vean obligados a reinvertir parte de sus ganancias, de manera tal que se garantice la continuidad en el tiempo de la producción y los puestos de trabajo. En Argentina debemos terminar con los concursos y quiebras fraudulentas, concretados mediante viles manipulaciones”.
Para finalizar, Luque advirtió también que “hay otras empresas de nuestra actividad, en especial, en el sector de cartón corrugado, que corren serio riesgo de transitar el mismo camino que las antes mencionadas, si no se aplica al empresariado una regulación que los responsabilice por el costo social que generan sus decisiones”.
