El Gobierno de la Ciudad citó a los gremios docentes para este jueves con el objetivo de definir detalles del regreso a clases presenciales, que se producirá el próximo 17 de febrero.
De acuerdo a fuentes oficiales, en el cónclave, que será a las 16 horas en la sede del ministerio de Educación porteño, se terminarán de despejar dudas «con respecto a los protocolos sanitarios» y la movilidad dentro de los establecimientos.
Por el momento, y pese a la búsqueda de consenso por parte de la administración Larreta, muchos gremios se oponen a la vuelta a las aulas y anticipan medidas de fuerza. Desde UTE-Ctera dejan en claro que no están dadas las condiciones en los establecimientos educativos para que no existan contagios de COVID-19. “El aumento de contagios en la Ciudad y la falta de espacios adecuados en los edificios escolares para el desarrollo de actividades sin descuidar la salud hacen que no estén dadas las condiciones epidemiológicas ni de infraestructura para el retorno a las clases presenciales el 17 de febrero”, sostuvo Ángelica Graciano, de UTE CTERA.
La respuesta de Ciudad a los reclamos es la siguiente: para garantizar la presencialidad se establecerán protocolos «escuela por escuela», habrá un «rediseño del plan de movilidad» para el transporte público y se van testear a los docentes cada quince días, anunció Rodríguez Larreta.
El primer objetivo es «ratificar que la educación es una actividad esencial, esto quiere decir que para nosotros es una prioridad el futuro de nuestros chicos y vamos a poner todos los recursos del gobierno en función de cumplir este plan y este objetivo que tenemos».
Por eso, se realizarán protocolos específicos para cada escuela y se modificarán medidas para el transporte público de manera de «garantizar que todos puedan llegar a sus escuelas en forma cuidada», sostuvo el jefe de Gobierno. Para ello, docentes y alumnos tendrán prioridad en los medios de transporte.
Vale destacar que, para el retorno a la presencialidad que impulsa la Ciudad, faltan docentes y auxiliares porque no se llevaron a cabo, por decisión del gobierno de Larreta, los actos públicos para la ocupación de cargos. Por ende, se dejó sin actividad laboral a 1500 docentes que eran suplentes.
“Cuando se decretó el aislamiento y las clases presenciales, automáticamente se suspendieron los actos públicos, no pudimos acceder nunca más a ninguna suplencia y, por ende si salario y sin obra social”, lamentaron los maestros que atraviesan esta problemática.
