En Cataluña, la Secretaría de Trabajo sancionó a la empresa Cabify por 431.275 euros por «cesión ilegal de personas trabajadoras». La multa también afecta a dos empresas transportistas subcontratadas -Lopez Rubio y Proinvertia- con 243.745 euros y a la Empresa de Trabajo Temporal (ETT) JT Hiring, con 60.000 euros.
El área laboral consideró que actualmente más de 120 trabajadores de la plataforma de transporte provado «se ven perjudicados» al tener un convenio inferior al que les correspondería si estuvieran contratados.
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A su vez, determinó que las dos empresas de transporte suministran «la mano de obra ilegal a Cabify y que la ETT formaliza los contratos de la puesta a disposición fraudulentos».
Como consecuencia, 120 trabajadores «se ven perjudicados» al aplicárseles un convenio inferior al que les correspondería si estuvieran contratados directamente por Cabify, de forma que tienen condiciones económicas, vacaciones y permisos inferiores y menor capacidad de representación sindical y judicial, según el Gobierno.
Fuentes de Cabify han señalado que las actas de infracción que tienen por la presunta cesión ilegal de trabajadores «carecen de fundamento jurídico» y anunciaron que la empresa va a presentar las «alegaciones y recursos correspondientes».
También, aprovecharon la ocasión para defender el modelo de negocio de Cabify, insisten en que las sanciones propuestas «son contrarias a Derecho» y subrayaron que la compañía «siempre ha actuado acorde a la legalidad, tanto en el servicio que ofrece como en la forma de prestarlo, a través de un modelo de éxito que puede exportarse a otros países o incluso a otros sectores de la economía».
